Exige al Gobierno una «regulación clara» y que su competencia sea exclusiva Madrid

Los populares arroparon ayer a su presidente, Mariano Rajoy, tras su polémica propuesta del pasado fin de semana en materia de inmigración, en favor de un reconocimiento universal de los derechos sanitarios y educativos de los extranjeros, al margen de su inscripción en el padrón municipal.

Su número dos, María Dolores de Cospedal, reclamó desvincular el padrón de su actual condición «de facto» como instrumento para el reconocimiento de derechos para los inmigrantes ilegales, y que el Gobierno establezca su competencia exclusiva sobre la inmigración sin derivar su responsabilidad hacia los Ayuntamientos.

Precisamente, Génova aprovechó el marco de su reunión con los alcaldes del PP para gestar un documento sobre inmigración, en esta misma línea.

Si bien los alcaldes esgrimen el padrón como un arma contable frente al Gobierno en materia de financiación – sólo documentando el número de residentes ilegales pueden reclamar los fondos que les corresponden – , en su documento subrayaron ayer que «la competencia en esta materia no es de los ayuntamientos sino del Gobierno», y no se les puede «trasladar la responsabilidad de decidir sobre las condiciones de vida y los derechos de los inmigrantes en nuestro país».

Documento en mano, Cospedal reclamó al Gobierno «un debate amplio y riguroso» y un «marco regulatorio claro» para todo «el territorio nacional».