La Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros (BEDEX) realizó durante su primer año de trabajo 7.591 repatriaciones de inmigrantes por cometer 23.918 delitos.

Según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los inmigrantes expulsados son reincidentes, autores de hechos de especial violencia o gravedad, terroristas y presos a los que se les sustituye la pena, dado que están en prisión preventiva o concluyen su condena.

De los casi 24.000 actos delictivos protagonizados por estos inmigrantes , el 46% se cometen contra el patrimonio 10.954 casos , el 19% contra las personas 4.445 casos, el 8% son hechos contra la salud pública-1.968 casos-, el 5% son casos de violencia de género 1.243 casos y el resto se corresponde con otra tipología criminal.

Unas 2.022 repatriaciones se hicieron en el ámbito penitenciario, un 54% más que en el mismo periodo de 2008. Ésta cifra engloba los casos en los que la expulsión puede sustituir a la pena, situaciones de libertad definitiva o condicional y en los supuestos de presos preventivos.

En otros casos, la Brigada lleva a cabo expulsiones cualificadas, es decir, delincuentes extranjeros con antecedentes penales o judiciales, vinculados con el terrorismo, bandas organizadas, violencia de género u otros hechos ilícitos.

«El porcentaje de delincuentes extranjeros es una cantidad mínima respecto al total de extranjeros que viven en nuestro país», aclara una inspectora jefe de la BEDEX.

Expulsiones judiciales

Las expulsiones, que son ordenadas judicialmente, conllevan la prohibición de entrada en España y en los países miembros de Schengen espacio de seguridad dentro de la Unión Europea durante 10 años.

Fue a finales de 2008 cuando se puso en marcha la BEDEX con la misión de repatriar a aquellos criminales que por su reincidencia o por la gravedad de los hechos cometidos suponen una amenaza para la seguridad pública. El grupo, integrado en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras mantiene una constante comunicación con las Autoridades Judiciales, el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias con el fin de poder gestionar la expulsión con autorización judicial.