El problema de la inmigración ha sido siempre un detonante político sin abordar con realismo y profundidad. El pacto entre PP y PSOE, bajo el Gobierno de Aznar sobre la Ley de Extranjería, aparcó la cuestión en medio de una bonanza económica. Pero cuando las arcas están vacías y el paro es alarmante, el asunto se complica. Como en su día sucedió en El Ejido, la polémica de Vic es consecuencia de una legislación incongruente, utilizada por la izquierda con elevada demagogia populista.
El contrato de integración defendido por Mariano Rajoy es un buen equilibrio entre derechos y deberes de los inmigrantes. Garantías, sí, pero también adaptación a las normas y costumbres del país que les acoge. Los ejemplos de Francia, Alemania o el Reino Unido, demuestran una regulación ordenada, sin complejos ni ataques de xenofobia. La incoherencia de nuestras leyes, a propósito del padrón, pone en un brete a los Ayuntamientos que, como en el caso de Vic, divide a los ciudadanos. Muchos de los cuales pagan sus impuestos para garantizar una plaza escolar a sus hijos y atención sanitaria adecuada. El famoso «efecto llamada» de Jesús Caldera trae ahora estos lodos. Bien está el discurso «buenista» de Zapatero invocando educación y sanidad para todos, pero con un control, como dice Rajoy. Con unos Ayuntamientos y Autonomías endeudados hasta las cejas, se impone la prudencia. En el fondo de la inmigración subyace la palabra maldita: crisis.