L OS Ayuntamientos de Vic y Torrejón, y otros que vienen poniendo inconvenientes al empadronamiento de inmigrantes ilegales, han destapado una aberración legal y administrativa. Me refiero al hecho de que la ley obligue al mismo tiempo a censarlos (Régimen Local) y a expulsarlos (Extranjería). Una cosa y su contraria. Como no podía ser de otro modo, esa aberración produce monstruos. Monstruos verbales, al menos.
Por ejemplo, cuando el presidente del Gobierno se rasga las vestiduras porque al inmigrante, legal o ilegal, se le niegue la asistencia sanitaria o la escolarización de sus hijos. Demagogia de Zapatero al identificar censo municipal con reconocimiento de derechos humanos, cuya garantía de aplicación está por encima de las leyes, sean estatales o sean locales. Se reconoce a los inmigrantes esos derechos básicos, pero se les niega el primero de todos: el derecho a buscarse la vida. Aunque esté luchando por la supervivencia, si es ilegal debe ser expulsado o encerrado en un centro de internamiento. Eso dice la ley. Por tanto, equiparar empadronamiento con asistencia y escolarización es puramente retórico. Sin censo también tienen derecho los inmigrantes a la asistencia sanitaria primaria y, si están en edad escolar, a la escolarización. Otra cosa es que el Ayuntamiento reclame justamente los fondos necesarios para prestar esos servicios que presta de hecho. Y otra completamente distinta es la legalización de esas personas o de los padres de esos niños. Eso le corresponde al Estado, vale, pero los Ayuntamientos también forman parte del Estado.

Es el caso que la política de extranjería y la normativa general dispone la expulsión de los inmigrantes ilegales. Una normativa que convive con la que permite a los Ayuntamientos censar a los ilegales con la simple presentación de su pasaporte. La Abogacía del Estado viene a recordar que corresponde al Ministerio del Interior, y no a los Ayuntamientos, decidir si un inmigrante está o no está en situación irregular. En conclusión, que es urgente resolver esa incongruencia legal y administrativa que dispone una cosa (expulsar) y su contraria (arraigar) en el mismo ordenamiento.