El COMBINADO explosivo del que muchos expertos advirtieron ha llegado. Poca gente recuerda ya que la mitad del auge económico generado a partir de 2001 – más de 100.000 millones de euros – ha estado impulsado por el trabajo de los extranjeros. Sus bajos sueldos han compensado durante años las exigencias de unos sindicatos capaces de organizar una huelga general en 2002, en pleno crecimiento del PIB al 2% y con una tasa de paro del 11%. Sí, exacto, lo contrario de lo que ocurre ahora.

Pero, desde aquella fecha, lo cierto es que las reformas fueron, poco a poco, sustituidas por la autocomplacencia y, qué mejor escenario, para un Gobierno que se estrenaba en 2004 – con la mente puesta en las negociaciones estatutarias y con ETA – , que beneficiarse de un crecimiento cuyo mérito, cada vez más, correspondía a unos tipos de interés tumbados artificialmente y a la mano de obra barata.

El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ni siquiera lo ocultaba: «La regularización permitirá sacar a flote la economía sumergida», un pastel estimado entonces en 200.000 millones, factor más que determinante para entregar papeles a 700.000 inmigrantes. Poco importaba el efecto anuncio o, sin más, que la mayoría de ese colectivo quedase a expensas de un sector inmobiliario condenado al parón. Había dinero para gastar y eso bastaba.

Las cosas han cambiado. Pero la demagogia sigue brillando. Un millón de aquellos trabajadores baratos engrosa ahora el paro y, lógicamente, reclama prestaciones sociales a un Estado que zozobra en un déficit de 100.000 millones, a unas autonomías que pelean por los fondos nacionales en pleno descontrol financiero y a unos ayuntamientos que han agotado su indecente especulación con el suelo.

España necesita inmigrantes. Pero no cualquier inmigrante. Con una tasa de natalidad de poco más de un hijo por pareja, el ritmo de envejecimiento haría que casi cuatro de cada diez personas fuesen ancianos en 2050. Se lo traduzco: la carga fiscal de cada trabajador debería duplicarse, haciendo literalmente incompatible el cobro de un sueldo con el pago de pensiones.

Necesitamos inmigrantes, pero capaces de trabajar y cotizar. Y lo último que necesitamos es políticos incapaces de ver la gravedad del problema. Zapatero ha proclamado desde Europa el blindaje de las prestaciones de los sin papeles. Y Rajoy pretende eliminar hasta el último atisbo de control – el padrón – . Una carrera de demagogos que sólo puede conducir a un fin: el racismo. ¿O alguien duda de que cuando falte dinero para la sanidad o las pensiones la población cargará contra los inmigrantes?