EMPADRONAR sí; empadronar, no. Ése no es el debate, porque como se ha visto, pronto se ha resuelto con una lectura atenta de la ley. El debate es otro. Radica en la falta de financiación y en la inseguridad jurídica que han ido generando los bandazos del Gobierno en inmigración. Y que continúan, a tenor de las contradicciones de los ministros de Fomento, Justicia y Trabajo e Inmigración.

Los cuatro años de la primera legislatura de Zapatero convirtieron a España en la puerta de Europa. Cientos de miles de personas vieron en el desorden de nuestras fronteras una vía de acceso rápido hacia el edén prometido. En la segunda legislatura parecía que iban a cambiar las cosas, y que surtirían efecto las advertencias de nuestros socios europeos, molestos con la política buenista de Zapatero. No ha sido así. La decisión del Ayuntamiento de Vic no ha hecho sino sacar a la luz un problema latente: la cruda realidad en la que viven los municipios en un momento de profunda crisis. El Gobierno de Zapatero ha hecho oídos sordos a la imperiosa necesidad de financiar unos servicios que afectan de un modo tan directo a la dignidad y a los derechos de las personas. Una falta de decisión que ha dejado a muchos ayuntamientos inermes y con grandes dificultades para prestar servicios básicos.

En el año 2000 había en España 923.879 personas extranjeras; diez años después son 5.598.691: Un 506% más. En su mayoría han contribuido a impulsar la natalidad, han participado en el crecimiento y mantenimiento del PIB y han ido asentándose en pueblos y ciudades que veían crecer exponencialmente su población y, por ende, la necesidad de prestar servicios fundamentales como la sanidad, la educación o la atención social. Muchos de ellos, y como es natural, una vez asentados han traído a sus familiares.

Pero se da la incongruente circunstancia de que el control y la obligación legal de regular los flujos migratorios están en manos del mismo presidente que se desentiende de aquellos a quienes ha dejado entrar y que ahora viven en condiciones difíciles, auxiliados sólo por ayuntamientos y comunidades autónomas.

El Gobierno de la nación ha eludido y elude su crucial responsabilidad de regular el flujo de entrada y salida del país. Pero cuando hay entre 600.000 y 1.000.000 de personas en situación de irregularidad documental no se puede mirar hacia otro lado. Menos aún culpabilizar a los ayuntamientos, que se ven obligados a incrementar sus servicios sin que aumenten los recursos.

Otro argumento, el de la distribución competencial, carece de toda lógica, porque en los últimos años se ha mantenido prácticamente inalterable la asignación del Estado para el Fondo de Acogida. Lo que supone una media de 35 euros por inmigrante y año. Una cifra que en el caso de algunas comunidades, como la Valenciana, se reduce hasta los 26 euros.

El fenómeno de la inmigración exige políticas valientes. Grandes acuerdos. Un pacto de Estado por la inmigración entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas, la Administración Local y los agentes sociales. Estamos ante un reto en la línea emprendida por los países más avanzados de nuestro entorno que incluya, entre otras, el contrato de integración, la financiación de los servicios básicos o acuerdos de cooperación.

El injusto y ridículo argumento de que allá se las apañen los ayuntamientos atenta contra la más elemental lógica de la responsabilidad política y financiera. Zapatero no puede seguir siendo testigo mudo de una dinámica que está llevando a los municipios a la asfixia financiera. Ése es el escenario donde nos jugamos la convivencia.

Rafael Blasco es conseller de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas.