La falta de una política de Estado en materia de inmigración pone a muchos ayuntamientos y CCAA españolas ante situaciones límite. Lo último es la polémica nacional sobre el empadronamiento de extranjeros ilegales, ante la cual el 48,9% de los españoles se pronuncia en contra, frente al 41,2% que sí se muestra favorable a su inclusión en el padrón, según los datos que aporta la encuesta de NC REPORT para LA RAZÓN. Tampoco el 48.5% es partidario del «papeles para todos», postura defendida en cambio por el 42.5% del censo. Y es que el 47,1% de los españoles es partidario de endurecer la legislación de inmigración frente al 36,3% que sostiene todo lo contrario. Pero aún es más contundente la opinión de los ciudadanos a la hora de exigir a los inmigrantes un contrato de trabajo como condición para venir a España; el 78,5% secunda este requisito. Opinión que pone en evidencia toda la política migratoria de los últimos 15 años.
Por otra parte, la mayoría de los españoles no ven en la inmigración una amenaza a sus oportunidades, de hecho el 46,6% así lo afirma, pero los que opinan en sentido contrario suman el 44,6% y mayoritariamente tampoco ven relación directa entre inmigración y delincuencia; el 45,4% no ve lazos entre una cosa y la otra, mientras que el 43,5% manifiesta que sí. A la hora de expulsar del territorio nacional a inmigrantes que hayan cometido delitos, los ciudadanos en un 58,4% exigen que antes hayan cumplido íntegramente las penas a las que fueron condenados. Con el paro como primera preocupación de los españoles no es extraño que el 78,8% de los ciudadanos considere que la crisis económica propicia los sentimientos xenófobos, y es que el 51,8% afirma que con la actual legislación no acaba de asegurarse la integración de los inmigrantes.