Oportunista, demagógico e interesado son algunos de los calificativos que los partidos políticos se han lanzado, en los últimos días, a costa de la legalidad o no de la inscripción de los inmigrantes en el padrón municipal. La controversia se ha cerrado políticamente con un informe de la Abogacía del Estado que obligaba al Ayuntamiento de Vic –donde se originó la polémica, por su negativa a inscribirlos– a hacerlo. Socialmente la opinión pública está dividida respecto a esta discusión, aunque una mayoría de los españoles, el 48,9%, es contrario a que se permita el empadronamiento de los ilegales. La encuesta que hoy publica LA RAZÓN  es concluyente sobre las reticencias que el fenómeno de la inmigración suscita en nuestro país. En este sentido, un 78,9% de los encuestados exige un contrato de trabajo a los extranjeros para que puedan venir a España, mientras que sólo un 18,1% permitiría la entrada sin ese compromiso. Resulta igualmente significativo que ocho de cada diez españoles consideren que la crisis aumentará los sentimientos xenófobos y que una mayoría, el 47,1%, endurecería las leyes de inmigración. Esta radiografía social refleja una preocupación y un problema que los partidos deben afrontar con soluciones que aporten orden, control y justicia.