La inmigración en España no ha sido bien resuelta y vuelve a ser un problema ahora que hay muchos menos puestos de trabajo. Los nacionales que sufren la precariedad producida por la crisis creen que los inmigrantes se adueñan sin derecho de las ventajas que el Estado de Bienestar ofrece a los más desfavorecidos. Y ése es un sentimiento que, mal gestionado, puede generar graves brotes de xenofobia. El temor a que naciera un problema de ese tipo pudo haber inducido al Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU, ERC y PSC, a aprobar un reglamento que impediría empadronarse a los inmigrantes «sin papeles». Así pues, la idea no fue del PP, aunque ahora los socialistas quieran engañar a la opinión pública para tapar sus propias incongruencias. Por suerte hoy, en España, casi nadie se niega a que una persona enferma sea atendida en un centro de salud, independientemente de que tenga o no papeles.  En nuestro país ese derecho no procede del hecho de estar empadronado sino del de formar parte del género humano. Superado este escollo, no desaparece el conflicto de la inmigración ilegal ni la contradicción entre la Ley de Extranjería, que exige detener a los «sin papeles» y encerrarlos en un CIES mientras se gestiona su expulsión, y la Ley de Régimen Local, que obliga a empadronarlos. Se impone que la autoridad competente (el Gobierno) abandone las malas artes y aclare de una vez la política de inmigración futura.