«Orden y control». Ésta es la consigna que resume la postura del PP en cuanto al fenómeno de la inmigración.

El Ayuntamiento de Vic ha tenido que dar marcha atrás a su iniciativa de no empadronar a los inmigrantes sin papeles porque es una medida «ilegal», pero el debate sobre la extranjería continúa en el primer plano de la vida pública. El presidente del PP, Mariano Rajoy, no cree que la fuente de todos los problemas tenga que ver con el padrón, sino que «el verdadero problema es la política de inmigración». Rajoy realizó ayer esta reflexión durante la clausura de la escuela de invierno del PP de Cataluña y anticipó algunas de sus propuestas, entre ellas, expulsar a aquellos extranjeros que cometan delitos graves.
Los populares tienen previsto presentar varias iniciativas en las Cortes relacionadas con la gestión de la inmigración y Rajoy avanzó sus ejes básicos. El líder del PP propondrá echar de España a los inmigrantes irregulares que comentan un «delito doloso» castigado con seis meses de prisión y exigirá, además, que los expulsados no puedan obtener permisos de residencia en adelante. También apostará por que el Congreso prohíba la regularización masiva de inmigrantes , una política que, en su opinión, «estamos pagando ahora».
Rajoy resumió sus ideas en inmigración con una consigna: «orden y control». Ésta es la receta para abordar un fenómeno que desborda a poblaciones como Vic, con un 25,7 por ciento de extranjeros. Sin embargo, no comulga con la idea que algunos sugieren de limitar derechos universales como ir al médico y a la escuela. «Creo que si los derechos de sanidad o educación no los garantizara el padrón, sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos, sin ningún documento, ya nos evitaríamos muchos problemas», argumentó.

Las contradicciones legales
Rajoy se mostró «a favor de la inmigración» trayendo a colación su condición de gallego, un pueblo que ha protagonizado éxodos masivos a lo largo de su historia. No obstante, criticó las «contradicciones» de la actual normativa porque «la misma ley dice que hay que empadronar y que hay que expulsar a los inmigrantes irregulares».
El asunto de la extranjería ha capitalizado buena parte de los debates de la escuela de invierno del PP de Cataluña. La presidenta del partido, Alicia Sánchez – Camacho, y su líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, también quisieron realizar sus aportaciones. Sánchez – Camacho también incidió en las contradicciones de la legislación y consideró que para los inmigrantes «es más fácil entrar en Cataluña, y en el resto de España, de forma ilegal que desde la legalidad». Y Fernández reclamó que ayuntamientos como el de Barcelona –una ciudad donde uno de cada cinco habitantes procede de fuera de España– verifiquen los datos de quienes se empadronan. Todos los dirigentes del PP compartieron la consigna «orden y control».

Las prioridades
Pero Rajoy no quiso limitar su paso por Cataluña –una comunidad prioritaria para sus intereses– a abordar en exclusiva el asunto de la inmigración y también comentó su otra gran preocupación: la economía. Comenzó diciendo que «lo primero que hay que hacer es decirle la verdad a la gente», en una clara alusión al negacionismo de la crisis que practicó Zapatero durante el año 2008. Y siguió desmenuzando algunas de sus medidas de choque. La primera, y «fundamental» –dijo– es controlar el gasto público porque la deuda, a su entender, es muy perjudicial, ya que acaba repercutiendo en la falta de crédito para particulares y empresas.
El líder del PP percibe «aires de cambio» y cree que pronto podrá poner en marcha sus planes para que España vuelva a despegar.

De la vega ve compatible el padrón y la ley de extranjería
 La vicepresidenta primera de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el empadronamiento «no es incompatible con la  Ley de Extranjería», porque «cumplen funciones diferentes»: el primero una función «administrativa, para conocer la población», y la segunda la de luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración  de los extranjeros. Así se refirió la vicepresidenta a la supuesta incoherencia entre el hecho de que  el padrón incluya a los inmigrantes ilegales y la Ley de Extranjería  dictamine su expulsión. Según dijo, se ha creado «un debate oportunista y malintencionado».