La mayoría de los ayuntamientos padece las consecuencias de una ley incongruente

Sería de ingenuos creer que la virulenta polémica aflorada en Vic en torno a la inmigración se ha solventado con la marcha atrás de este Ayuntamiento catalán y su acatamiento a empadronar a los inmigrantes sin papeles. Este caso no es más que la punta de un gran iceberg que afecta a la gran mayoría de los municipios españoles. No se trata, como ha dicho Zapatero, de que utilicen «trucos» legales, sino que es consecuencia de una legislación truculenta. Que nadie se llame a engaño ni se oculte en la retórica hipócrita: los consistorios, agobiados económicamente y presionados socialmente cada vez más, están ralentizando, cuando no negando, la inscripción de inmigrantes en el padrón.
Lo prueba el hecho de que están surgiendo pequeñas mafias dedicadas a falsificar certificados de empadronamiento, que venden hasta por 3.000 euros, como la red de 24 personas desarticulada en Barcelona. A medida que se aproximan las elecciones municipales, que serán en mayo del año que viene, y se vacían las reservas financieras de los ayuntamientos, cobra mayor protagonismo el problema de los inmigrantes, una población formada por 4,6 millones de personas, de las cuales un millón está en paro. Mientras la situación económica era boyante y el sector inmobiliario llenaba la caja municipal, se afrontó sin grandes dificultades una política expansiva del gasto social para favorecer la integración y atender los servicios sociales, sanitarios y educativos. Pero en época de vacas flacas, los organismos locales se han visto sobrepasados por unas competencias que no pidieron y desasistidos financieramente por los gobiernos autonómicos y por el de la nación. Pese a las promesas reiteradas de Zapatero, la nueva ley de financiación de los ayuntamientos está aplazada indefinidamente, con lo cual los gestores locales se enfrentan a una imposible cuadratura del círculo: cómo hacer frente a más gastos con muchos menos ingresos. Así se explica que algún edil irresponsable como Pedro Castro, alcalde de Getafe y presidente de la Federación de Municipios, haya animado a sus colegas «a disparar el endeudamiento». No es ése el camino para afrontar el grave problema de la inmigración irregular, que ha bajado en intensidad pero sigue siendo elevada. El caso de Vic es la demostración más palpable de que la reforma de la Ley de Extranjería, aprobada por el PSOE y sus socios parlamentarios a finales de 2009, ha sido un rotundo fracaso. El populismo izquierdista en torno a este asunto, que lleva a sus dirigentes a expresar en privado lo contrario de lo que dicen en público, ha desembocado en una legislación hipócrita, incongruente e ineficaz. Por un lado, se exige a los ayuntamientos empadronar a los «sin papeles», pero por otro se insta a su expulsión inmediata. Tras seis años de fracasos, ya es hora de que la política de extranjería abandone la nefasta demagogia del «papeles para todos» e introduzca cordura y realismo en la gestión de la inmigración.
El primer paso es despolitizar la cuestión y alejarla de la pugna partidista, pues antes que nada requiere soluciones eficientes, realistas y consensuadas. Mariano Rajoy aportó ayer las suyas sobre la base de dos principios, «orden y control», y con iniciativas concretas como prohibir por ley las regularizaciones masivas, expulsar a los inmigrantes con sentencias judiciales de pena superior a seis meses de prisión, regular los requisitos del padrón y no dar permiso de trabajo a los inmigrantes con una orden de expulsión. Son propuestas razonables para un debate cerrado en falso y cuya solución definitiva ya no puede esperar más.