Cuando el Ayuntamiento de Vic anunció que evitaría el empadronamiento de los inmigrantes irregulares se alzaron muchas voces diciendo que esa no era la solución. En algunos casos se decía que no era una respuesta justa, aunque fuese legal. En otros, que no era una respuesta legal, sin entrar en si era justa o no. La abogacía del Estado les ha dado la razón y ha dicho que no es legal. Y el Ayuntamiento de Vic sabe que no puede hacer cosas ilegales. Pero la discusión política no se cierra aquí.
Muy bien, la propuesta de Vic no es la solución. Pero tampoco era el problema. Era una solución inadecuada, injusta, ilegal o lo que sea, pero a un problema existente. Y por lo tanto, ahora que la propuesta ha quedado en un callejón sin salida no podemos respirar aliviados y decirnos que ya no hay problema, que hemos vuelto al mejor de los mundos posibles, que era tal y como estaba antes de que desde Vic lo estropeasen todo con su propuesta. Descartemos esta mala solución, si es preciso. Pero no olvidemos que había un problema. O más de uno.
¿A qué problemas pretendía dar respuesta –aunque fuese equivocada– la propuesta del Ayuntamiento de Vic? A unos cuantos. Uno, la ambigüedad en la legislación y en su aplicación, la distancia entre los discursos y las prácticas. Otro, que se teoriza sobre la inmigración desde muchas instancias oficiales, pero al final son los ayuntamientos quienes deben aplicar las políticas, a menudo sin contar con los recursos y los instrumentos.
Todavía otro, que el malestar de sectores ciudadanos por problemas prácticos y reales, tangibles, es monopolizado por partidos ascendientes especializados en la xenofobia, sin que a veces el amplio espectro de los partidos democráticos ofrezca respuestas o sean conscientes de que el fenómeno tiene aristas problemáticas. Y finalmente, el problema de fondo: el riesgo de que nuestras sociedades no sepan gestionar la diversidad sin perder la cohesión social y que vayamos a unas ciudades en las que las burbujas comunitarias vivan las unas al lado de las otras, a veces de espalda, tal vez incluso enfrentadas, y algunas de ellas se mantengan al margen de los valores y de los procedimientos que son el tronco y la esencia del sistema democrático.
Todos estos no son problemas ficticios. Y no desaparecerán por el simple hecho de que nos pongamos de acuerdo en no hablar de ellos. Entre otras cosas, porque hay partidos especializados en la xenofobia que sí hablarán, que solo hablarán de eso.
Si la propuesta de Vic no era el problema, sino una mala respuesta, las preguntas persisten. No podemos pasar página como si solo el Ayuntamiento de Vic hubiese tenido el mal gusto de recordarnos que existían a través de su respuesta inadecuada.