El Ejecutivo considera «oportunista y malintencionado» el debate abierto sobre la inmigración irregular

El líder del PP propone expulsar a los inmigrantes que cometan un delito penado con más de seis meses de cárcel

El Ejecutivo considera «oportunista y malintencionado» el debate abierto sobre la inmigración irregular

Mariano Rajoy irrumpió ayer de lleno en el debate sobre la inmigración abierto a raíz del intento del Ayuntamiento de Vich de no inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes irregulares. Y lo hizo en Barcelona, donde propuso que no sea necesario estar empadronado para acceder a la sanidad y la educación, ya que «todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen derecho a los servicios básicos fundamentales».

Resaltó la contradicción existente en la legislación, ya que, por un lado, obliga a empadronar a los sin papeles y, por otro, a expulsarlos. Pero, en su opinión, el verdadero problema no es el padrón sino la política de Zapatero de «papeles para todos». El líder popular consideró necesario plantearse «cuál es nuestra capacidad de acogida», que depende del trabajo que exista y de la capacidad de las Administraciones públicas

Tras reclamar «orden, control y sentido común» en la política inmigratoria, adelantó una batería de propuestas que su partido llevará a las Cortes. Entre ellas, la expulsión de España de quien cometa un delito doloso penado con más de seis meses, una medida que la nueva ley de extranjería ya contempla para penas de más de un año, y que no se conceda autorización para residir y trabajar a los inmigrantes contra los que se haya dictado una orden de expulsión.

Rajoy volvió a reivindicar el contrato de integración, que exigiría a los recién llegados que respeten las costumbres y tradiciones españolas y aprendan la lengua, pidió que se prohíban por ley las regularizaciones masivas y homogeneizar las políticas de inmigración en la UE.

María Teresa Fernández de la Vega no quiso valorar la propuesta de Rajoy y calificó el debate suscitado como «oportunista y malintencionado». La vicepresidenta argumentó que «la inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan en España con plenas obligaciones y derechos». Y consideró «perfectamente compatible» que la ley de extranjería obligue a expulsar a los inmigrantes irregulares y a la vez se les permita empadronarse, ya que son «normas que cumplen funciones distintas».