El conflicto en torno a los menores extranjeros no acompañados (‘menas’) acogidos por la Diputación continúa latente. Mientras la Fiscalía de Álava ha remitido a la del Estado las denuncias contra los centros forales que se niegan a admitir a chavales, una veintena de colectivos ha puesto el grito en el cielo porque el Gabinete Agirre ha decidido no conceder las órdenes de tutela al tener dudas más que evidentes sobre la verdadera edad de estos jóvenes. De hecho, la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, cifró en el 80% el número de ‘menas’ en los que la prueba ósea determinó una supuesta mayoría de edad. ¿Pero hasta que punto es válida esta prueba? Depende.

Lo cierto es que el Ministerio Fiscal no posee un criterio unificado sobre este asunto, como ocurre en el País Vasco. En Álava, la forma de proceder es tajante: «A día de hoy y hasta que no haya una orden de Madrid diciendo lo contrario, el pasaporte, siempre que no sea falso, y la Policía dice que no lo son, es el que marca la edad del chico», explican fuentes de la Fiscalía de Menores de la provincia. Es decir, que si la prueba ósea revela que un joven tiene 26 años y su documentación sólo 17, el Ministerio Público se decanta aquí por esta segunda opción.

Sin embargo, en las otras dos provincias vascas, la realidad es bien diferente. Documentación de la Fiscalía de Menores a la que ha tenido acceso EL CORREO, describe casos en los que el Ministerio Público antepone el criterio médico a la documentación. En uno de ellos, por ejemplo, se explica cómo la Diputación de Vizcaya informa a la Policía Nacional de «la importante disparidad entre la fecha de nacimiento recogida en el documento del joven y el aspecto físico del mismo». Acto seguido, la Brigada de Extranjería remite copia a la Fiscalía, la cual encarga las pruebas médico forenses correspondientes para determinar la edad. Conclusión: «las pruebas practicadas con plena rigurosidad permiten sin margen apreciable de error considerar inexacto y desvirtuado el dato del pasaporte relativo a la edad», lo que lleva a la Fiscalía a archivar el expediente por mayoría de edad.

Quejas del Ararteko

En Álava, por contra, el Ministerio Público no emite este tipo de decretos, como corroboran diferentes fuentes forales. El Gabinete Agirre, sin embargo, no se resigna y además de pedir a la Fiscalía General del Estado una uniformidad de criterios, ha llevado a los tribunales todos los casos con dudas «evidentes» sobre la mayoría de edad de los ‘menas’.

Mientras se aclara esta situación, la Diputación deberá cumplir una reciente petición realizada por la Fiscalía de Menores de Vitoria en la que le solicita, en el plazo máximo de 15 días, las órdenes de tutela relacionadas con los chavales que ahora acoge la institución. Este nuevo paso tiene su origen en las quejas realizadas en diciembre por el Ararteko en relación a la situación administrativa de estos chicos.

En realidad, por ley, la tutela foral es automática, pero la Subdelegación del Gobierno central en Álava solicita esas órdenes para regularizar la situación de los ‘menas’. Si la Diputación no hace efectiva esta petición de la Fiscalía, ésta dará cuenta al juez por la vía de lo civil, no de lo penal.