TRAS 10 días en los que el debate político ha girado en torno a la polémica del padrón para los inmigrantes sin papeles, ayer Rajoy se pronunció al fin sobre el asunto, con una extraña ocurrencia que sólo agravaría las cosas. El líder popular pretende que no sea necesario empadronarse para poder recibir asistencia médica o para escolarizar a los menores, por tratarse de «derechos garantizados por la condición de ser humano». De entrada, hay que desmentir esta afirmación, puesto que el acceso universal a la asistencia sanitaria y a la educación es una conquista aparejada al derecho de ciudadanía y a la legislación de cada país. Pero es que, además, la propuesta de Rajoy empeoraría la situación actual, que ya mantiene a los ayuntamientos asfixiados al tratar de garantizar los servicios públicos a toda la población censada. Rajoy sigue escamoteando el fondo del asunto, que es decidir qué debe hacer el Estado con los 900.000 sin papeles que hay en España. Y, a cambio, suelta ocurrencias como ésta de la sanidad y la educación incluso para los no empadronados. Eso sí que es un buen efecto llamada.