MÉXICO (AFP) –
Los defensores de derechos humanos en México, donde seis activistas fueron asesinados en los últimos dos años, enfrentan los riesgos de su tarea pero también la indiferencia del Estado que sólo los protege por presión internacional, denunció este jueves Amnistía Internacional.

México, junto a Colombia y Guatemala, se han convertido en los países de la región más peligrosos para los defensores de las garantías individuales, aseguró Nancy Tapias, investigadora de Amnistía (AI), al presentar a la prensa el informe que analiza 16 casos de activistas amenazados.

En el país “los casos de asesinatos no se investigan y los responsables se dan el lujo de seguir ahí acosando, intimidando, asesinando”, aseguró Tapias.

Según el informe del organismo humanitario los activistas mexicanos enfrentan “amenazas, acoso, intimidación, cargos penales falsos y procesamientos indebidos” y en los peores casos “algunos han muerto a causa de su trabajo”.

La secretaría de Gobernación, equivalente al ministerio del Interior, respondió de inmediato en un comunicado en el que aseguró “da la bienvenida a la recomendación” de Amnistía para la “creación de un mecanismo efectivo y fácilmente accesible para proteger” a los activistas.

Amnistía se ha quejado de la lentitud del Estado en proteger a los activistas, subrayando que esta protección “sólo llega cuando se ejerce presión internacional sobre las autoridades”.

“Ser defensor de los derechos humanos significa salir de nuestro hogares y tal vez no regresar” con vida, señaló por su parte Jesús Emiliano, líder del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, organización de izquierda que defiende a los campesinos de ese estado fronterizo con Estados Unidos.

Considerada la región más violenta del país, Chihuahua es escenario de un amplio despliegue militar que no ha conseguido frenar la violenta disputa que los carteles, a veces apoyados por algunos policías, mantienen por el control de rutas.

Al respecto Emiliano reconoció que allí se teme por igual a los uniformados que a los narcotraficantes. “No confiamos en los policías, en los militares, mucho menos en los narcos”, dijo.

Fue justamente en Ciudad Juárez, una ciudad de 1,3 millones de habitantes del norte de Chihuahua, donde el 3 de enero ocurrió el más reciente de los asesinatos contabilizados por Amnistía: el de Josefina Reyes, una activista que había denunciado abusos cometidos por militares.

El sacerdote Alejandro Solalinde, del Centro de Atención Pastoral Católica para Migrantes de Oaxaca (sureste), denunció por su parte que algunos presos a quienes les celebra misa le han advertido que existe un precio por su cabeza.

El gobierno dio la orden de proteger al cura, pero los policías de la ciudad de Ixtepec a quienes se le confío su custodia le dijeron que para cumplir la tarea tendrán que dejar al resto de la población sin protección.

Las estadísticas de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos también señalan un aumento de los ataques a los defensores de las garantías individuales con 25 casos en 2009, frente a 24 en 2008 y 16 en 2007, según un informe divulgado al comenzar el año.

México está envuelto en una ola de violencia que según un balance de la Procuraduría (fiscalía) entregado en diciembre ha provocado más de 15.000 asesinatos desde 2006, cuando se dio la orden al Ejército de involucrarse directamente en la persecución del narcotráfico.