Ante la contundente respuesta del Gobierno español, la sección local de CiU ha decidido contratacar y pasar la patata caliente a la Unión Europea (UE). Lo hará a través del derecho a consulta que reconoce la UE a cualquier ciudadano. ¿El objetivo? Que el organismo aclare si los criterios que ha esgrimido la Abogacía del Estado en su dictamen se acoplan a la legalidad europea. La petición, que está avalada por la cúpula de la federación, llevará las rúbricas de Jordi Ordeig y David Sala, presidentes de las secciones locales de UDC y CDC respectivamente.

Los términos finales de la pregunta aún están por decidir, pero podrían ser estos: «¿Puede una administración saltarse el principio de legalidad y empadronar a alguien sin el pasaporte en vigor?». La ejecutiva local de CiU considera que el dictamen de la Abogacía del Estado pone en contradicción la ley de extranjería y la de bases. También opina que las medidas que quería aplicar el Ayuntamiento de Vic solo pretendían «poner orden» a un problema que surge de las «nulas políticas del Estado». La federación reafirmó ayer su «pleno apoyo» al consistorio y a su alcalde.