ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Una investigación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha permitido desmantelar una banda especializada en falsificar certificados de empadronamiento que, por entre 1.500 y 3.000 euros, eran vendidos a inmigrantes paquistanís que después los empleaban para solicitar en Barcelona la regularización por arraigo.
La operación, a cargo de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental (Ucrif), no solo permitió la detención de 24 miembros de la red
–sus cabecillas fueron arrestados el 11 de enero–, sino que también, según fuentes de la investigación, está obligando a revisar muchos de los expedientes de arraigo tramitados y aprobados en Barcelona desde julio, que es cuando se detectó esta estafa.
Las pesquisas empezaron cuando, a principios del verano, llegó a las oficinas de la Ucrif de Barcelona un expediente de solicitud de arraigo acompañado de un certificado de empadronamiento sospechoso expedido por el ayuntamiento de La Candelaria (Tenerife). Según ese documento, el titular de esa solicitud, un ciudadano paquistaní identificado como A. Q,, residía en el municipio desde el 4 de abril del 2005, con lo que a priori cumplía el requisito de llevar empadronado más de tres años, imprescindible para solicitar el arraigo. Los agentes contactaron con el municipio tinerfeño, cuyos responsables les comunicaron que en los archivos no constaba ningún dato sobre el citado individuo.

TIRAR DEL HILO / A partir de ahí, los investigadores de la Ucrif detectaron decenas de casos de paquistanís que solicitaron el arraigo en Barcelona aportando empadronamientos en localidades como La Candelaria y Arona (Tenerife), Gandia (Valencia), Tías (Lanzarote) y Azpeitia (Guipúzcoa).
Al final ubicaron a la banda, instalada en Barcelona, cuya forma de trabajar consistía en hacerse con documentos en blanco del padrón de esas localidades, realizar copias de gran calidad y rellenarlas con los datos de los inmigrantes. Estos obtenían otro requisito para el arraigo como era un informe favorable de inserción social –también falso– del Ayuntamiento de Premià de Dalt (Maresme). Con todo ello, aunque llevaran menos de tres años en España, solicitaban el arraigo.