FIDEL MASREAL
BARCELONA

El PP y CiU han decidido que pese a que las intenciones de Vic de no empadronar a los sin papeles han sido frenadas, la controversia sobre la inmigración debe continuar. Estas intenciones incomodan, y mucho, a los socialistas, que admiten en privado que discutir sobre los derechos de los extranjeros solamente da votos a las posiciones partidarias de la «mano dura».
Sobre el rédito electoral de ciertos discursos, es suficiente con recordar que el PP de Badalona, tras sus propuestas contundentes contra los llamados pisos patera de inmigrantes , fue la fuerza que más creció en las últimas elecciones municipales. Ayer, el presidente de los populares en la ciudad, Xavier Garcia Albiol, volvió a agitar la controversia al afirmar, en declaraciones a la Cope, que entre prestar servicios a los vecinos de Badalona y ofrecerlos a inmigrantes en situación irregular, él tiene «muy claro» que escogería a los primeros.
El argumentario oficial del PP sobre inmigración no va tan lejos, pero sí exige al Gobierno reabrir la recientemente reformada ley de extranjería para definir los límites de las políticas de acogida. El PP acusa al Gobierno de tener asfixiadas las finanzas municipales, con lo cual los ayuntamientos tienen cada vez menos dinero para garantizar las prestaciones sociales.

TONOS DIFERENTES / Pero más allá de la posición oficial, en el PP existen diferentes sensibilidades respecto de la inmigración. Nada tienen que ver las opiniones de García Albiol con las de otros dirigentes que hubieran preferido pasar más de perfil por la polémica de Vic. El responsable económico del partido en el Congreso, Cristóbal Montoro, ha afirmado que las intenciones de la capital de Osona escondían una «intención xenófoba».

CiU MANTIENE EL DEBATE / Convergència i Unió también dio ayer muestras de querer mantener la polémica. El diputado democristiano Josep Sánchez Llibre lamentó la falta de recursos de los municipios para atender a los inmigrantes en situación irregular. El líder de CiU, Artur Mas, afirmó que existe una contradicción entre el derecho de los sin papeles a empadronarse y la orden de explusión de los mismos que figura en la ley de extranjería. Otras voces de Convergència no son partidarias de insistir en la polémica legal y apuestan por formular un discurso propio, crítico con el Gobierno pero alejado del «populismo» del PP.
Los partidos de izquierdas calificaron la actitud de los populares en materia de inmigración de demagógica y oportunista. Pero más allá de los adjetivos, fuentes socialistas admiten su inquietud porque los populares serán los principales beneficiarios si la controversia pervive. El PSC también está muy pendiente de si CiU decide o no hacer de esta cuestión una prioridad de su agenda política en año electoral.