Pan para hoy y hambre para mañana. La Diputación no está por la labor de ofrecer ayudas a los menores extranjeros que acceden a la mayoría de edad a cambio de nada. El Ejecutivo está convencido de que poner dinero encima de la mesa, tal y como planteó hace un mes el Gobierno Vasco al anunciar la renta de garantía de ingresos para jóvenes que cumplan los 18 años, sólo conduciría a la inacción, lo que desbarataría en buena medida el esfuerzo que se viene realizando desde Gipuzkoa para sacar a flote a unos chavales que, ya de por sí, lo tienen complicado.

“No me opongo a las ayudas, pero sí a cómo están definidas”. Meridianamente claro fue el mensaje que trasladó ayer la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, en su comparencia en la Cámara foral, a requerimiento de Alternatiba, para que ofreciera su versión sobre la postura del Ejecutivo en esta materia.

El desencuentro con el Gobierno Vasco se remonta un mes atrás, cuando la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, anunció su deseo de ampliar la renta de garantía de ingresos antigua renta básica a todos los jóvenes que hayan estado tutelados por la Administración, y que cuenten entre 18 y 23 años.

La pregunta que se hizo la Diputación entonces, se la sigue haciendo ahora: ¿A cambio de nada? Los matices a su postura llegaron ayer. El Ejecutivo foral no es precisamente un recién aterrizado en esta materia y, de hecho, contempla ayudas de inserción social desde hace más de una década. Eso sí, siempre bajo una premisa: el cobro debe estar supeditado a un seguimiento de estos jóvenes, de modo que el dinero no se convierta en un maná caído del cielo sin más revisiones.

Así, en Gipuzkoa, tal y como explicó Etxaniz a los periodistas, se conceden ayudas que ascienden al 80% de la Renta de Garantía de Ingresos Mínimos (en torno a 520 euros) a aquellos chavales que, una vez alcanzada la mayoría de edad, “no acceden a pisos de emancipación” por diversos motivos. Esa prestación siempre incluye un programa de inclusión. “Lo que nos parece más peligroso es la universalidad de la ayuda, sin que haya filtros y sin que haya un acompañamiento”, recalcó Etxaniz en los pasillos de la Cámara foral tras su comparecencia.

Más allá del rifirrafe competencial, la Diputación no quiere que los menores tutelados, objeto de ímprobos esfuerzos para su educación, se limiten a cruzarse de brazos cuando alcanzan la mayoría de edad, a sabiendas de que disponen de un dinero cada mes. “Todavía no son tan maduros como para poder caminar solos”, sobre todo porque son personas “que vienen de situaciones problemáticas”, advirtió.

Procesos de inserción La Diputación teme además que al percibir ayudas del Gobierno Vaso que pueden superar los 800 euros mensuales, los jóvenes no continúen con los procesos de inserción iniciados bajo la tutela de las instituciones y el trabajo efectuado con ellos “quede en agua de borrajas”.

Las ayudas que hasta ahora ha aprobado para este sector poblacional el departamento de Política Social son fruto, además, de un concienzudo sistema de trabajo, que cuenta con la participación de Eudel y de todos los ayuntamientos que lo conforman, de modo que el seguimiento a futuro de estos chavales pueda ser llevado a cabo también por los servicios sociales de base de cada localidad.

Desde que Lakua hizo pública su intención de ofrecer la prestación económica, son varios los borradores del decreto que se han puesto sobre la mesa puliendo la idea. El último, es del 16 de diciembre.

Etxaniz aseguró que es precisa “una mayor planificación de objetivos” antes de aprobar el nuevo decreto. “La solución no pasa por una inclusión económica sin más, sino que es preciso que al dinero acompañe un proyecto de inserción. De lo contrario, se pueden llegar a unos objetivos contrarios a los deseados”, recalcó la diputada. Por lo pronto, la redacción del proyecto “se sigue debatiendo”.

Reacciones Los grupos junteros compartieron a grosso modo la literatura de la exposición de la diputada especialmente Hamaikabat y el PNV, socios de gobierno en la Diputación aunque también hubo algunos matices. Así, Ander Rodríguez (Alternatiba), replicó que “las ayudas no hay que vincularlas con la inserción social sino con el derecho a existir”.

Por otra parte, Arantza Rodríguez (EB) abogó porque tanto el Gobierno Vasco como el foral dejen a un lado “polémicas estériles” de modo que “los menores que llegan a la mayoría de edad” puedan hacerlo con el colchón de una política conjunta.

La juntera popular Asunción Guerra aseguró, en la línea defendida por la Diputación, que “dar una cantidad económica a los menores no es la solución” y que ésta tiene que llevar incluidos proyectos. Agregó que ofrecer cuantías sin mayores requisitos sólo serviría para provocar “una llamada masiva”.

Susana García Chueca (PSE-EE) expresó su deseo de que se despeje el camino hasta que llegue a ser definitivo el decreto que regule estas ayudas económicas