en los últimos días, estamos asistiendo a un debate público, con altas dosis de demagogia por parte de la derecha y una parte de la izquierda en algunos municipios como Vic, sobre el derecho de los inmigrantes sin regularizar a empadronarse.

Aprovechando que el Arga pasa por Pamplona, nuestra alcaldesa y futura candidata de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra afirma que cumplirá la ley, pero que el Ministerio debería actuar, pues al final una persona empadronada tiene derechos cuya carga deben asumir los ayuntamientos.

Este tipo de planteamientos, que vienen a afirmar que la inmigración es ante todo una carga, además de alimentar discursos xenófobos al estilo de los partidos de ultraderecha europeos – el eslogan de Le Pen en Francia suele ser “los franceses primero” – faltan a la verdad o al menos no cuentan toda la verdad.

Estudios realizados tanto por la UPNA, solicitados por el propio Gobierno de Navarra, como de ámbito estatal realizados por el gabinete económico del presidente del Gobierno han aportado una serie de cifras de enorme interés en los últimos años.

Como afirman los profesores Laparra y Cachón, “los movimientos migratorios han tenido profundas implicaciones en el crecimiento económico y para el aumento de los ingresos fiscales y de las cotizaciones sociales, apuntalando la sostenibilidad del estado de bienestar en países como España”.

Hay que tener en cuenta que sólo la regularización del año 2005, muy polémica y criticada por los mismos sectores, hizo emerger 565.000 trabajadores en situación irregular que produjeron un aumento de los ingresos de la seguridad social de 1.500 millones de euros en 2006. Igualmente, la oficina económica del presidente del Gobierno estima que el 50% del incremento del PIB podría explicarse por la inmigración en España los últimos 5 años. Como resultado, en 2005 la inmigración había generado un superávit de 5.000 millones de euros en el presupuesto de las administraciones públicas. Una cantidad exactamente igual al nuevo Fondo Local de Inversión, del que a Pamplona le han correspondido 22 millones de euros (infinitamente superior al coste de los servicios públicos municipales recibidos por los inmigrantes).

En el ámbito de Navarra, en 2003, el estudio mencionado hablaba de un superávit fiscal generado por la inmigración de 15 millones de euros, además de su contribución clave al mercado de trabajo, realizando gran parte de las tareas que la población autóctona no desea realizar por las condiciones tan duras que suelen acompañarlas (tareas agrícolas, empleadas de hogar…).

Estas cifras no son de extrañar, si tenemos en cuenta que en general hablamos de población joven, con buena salud, que entraña un gasto muy bajo en lo que se refiere a pensiones (principal gasto del estado de bienestar), equiparable al autóctono en salud y educación, y algo superior en subsidios de desempleo y Bienestar Social, precisamente porque son los que más sufren el desempleo y la exclusión social.

Hay que recordarle a la señora Barcina que el empadronamiento de inmigrantes irregulares, los únicos derechos importantes que conlleva es el acceso a la salud y a la educación pública, precisamente ninguno de competencia municipal, y donde el gasto de un Ayuntamiento se limita a pequeños gastos de mantenimiento de los colegios. Una sociedad cohesionada, socialmente justa y respetuosa de la pluralidad social, se consigue con algo más que felicitando el nuevo año en 15 idiomas.