barcelona. El alcalde de Vic, Josep María Vila d"Abadal (CiU), afirmó ayer que acatará, aunque no lo comparta, el dictamen de la Abogacía del Estado que considera improcedente negar el empadronamiento a inmigrantes en situación irregular, al tiempo que exigió al Gobierno español más recursos para atender al colectivo.

En rueda de prensa, el primer edil reivindicó “rotundamente” que Vic no es xenófoba sino pionera en modelo de integración y que lo seguirá siendo, pero reclamó “un orden legal”. Vila d"Abadal pidió al Estado que cumpla y que haga cumplir la Ley de Extranjería, también en favor de la inmigración, y que ayude económicamente y de forma directa a los ayuntamientos para atender las necesidades de los inmigrantes en situación irregular. “Hace falta orden, transparencia y hablar abiertamente de inmigración”, advirtió el dirigente de CiU, tras justificar la propuesta del consistorio como medio para fomentar la cohesión social y la plena integración.

medidas legales El ministro de Justicia, por su parte, advirtió de que si no se aplica la ley y algún consistorio impide el empadronamiento de extranjeros en situación irregular, como pretendía hacerlo el de Vic, habrá que adoptar las medidas legales previstas. Además, aseguró que “cualquier persona podría poner de manifiesto el incumplimiento” de la norma y activar así los procesos legales correspondientes.

En declaraciones a los periodistas al término de una reunión en el Ministerio de Justicia con su homólogo rumano, Francisco Caamaño destacó que el informe elaborado por la Abogacía del Estado es “claro e inequívoco” acerca de que todos los extranjeros deben ser inscritos en el padrón, con independencia de su situación legal en el país. Y a partir de ahí, defendió, “la ley debe cumplirse”.