Mamadou Ballo, con su certificado de empadronamiento en la Oficina de Estadística de Murcia. :: A. P. H.

Mamadou nació en Costa de Marfil, Mohamed procede de Marruecos y Rosana es boliviana. Pero tienen un destino común: la Oficina de Extranjería en la que esperan poder regularizar su situación en España. Los tres llevan años en Murcia sin permiso de residencia ni de trabajo. Son los llamados ‘sin papeles’, aunque sostienen bajo sus brazos certificados de empadronamiento que acreditan una estancia superior a tres años en el país. Ahora esperan ingresar en el selecto club de los inmigrantes legales.

‘Irregulares’ como ellos hay en torno a 37.000 en la Región. La cifra, forzosamente inexacta, procede de la diferencia entre los 235.134 extranjeros censados a 1 de enero de 2009 – según el último dato facilitado por el INE – y los 197.805 que el Ministerio de Trabajo tenía registrados en esa misma fecha con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Del cómputo habría que borrar, si estuvieran cuantificados, a los inmigrantes que se han marchado de la Región – un millar se ha acogido al retorno voluntario incentivado – y a los que están por duplicado en el padrón. Y añadir a los que no hayan podido renovar sus permisos temporales de residencia – se les exige un promedio de seis meses anuales de cotización – como consecuencia de la crisis, y a los – pocos – que no estén empadronados.

Los no empadronados no figuran en recuento alguno, pero la lógica dice que son un colectivo residual y transitorio – más allá de los ciudadanos comunitarios que no tienen por qué inscribirse, pues tienen acceso a la sanidad con la tarjeta comunitaria y de los estudiantes – dados los trascendentales derechos a los que acceden estando empadronados y a que los consistorios murcianos no les niegan este derecho.

Para empadronarse les basta con un contrato de alquiler e identificarse con la tarjeta de residencia, o en su defecto con el pasaporte. Y el alta en el padrón les otorga tarjeta sanitaria, escolarización de sus hijos y la posibilidad de lograr el permiso de residencia después de tres años empadronados, con un informe municipal que certifique su ‘arraigo social’ y con un contrato laboral de un año.

Plenitud de derechos

3.600 regularizados

Rosana Carrasco celebró ayer el tercer aniversario de su llegada a Murcia en la Oficina de Estadística. Iba a recoger su certificado de empadronamiento. Con él podrá regularizar el trabajo doméstico que presta – limpiando una casa y cuidando a los niños durante el día y atendiendo a un anciano por la noche – y lo que más ansía: podrá traer a su marido y a sus hijos, a los que no ve desde que dejó Bolivia. Para el reagrupamiento familiar, que es una posibilidad vetada para los ‘ilegales’, tendrá que esperar aún un año.

Más difícil lo tendrán Mamadou y Mohamed, actualmente sin empleo. Para el marroquí, que dejó Nador hace 7 años con tan sólo 18, «con ‘papeles’ no hay problema de trabajo». En ellos tiene puestas sus esperanzas ante la falta de ‘tajo’ en el campo, al que se ha dedicado. Mamadou coincide en que «sin ‘papeles’ es muy complicado encontrar» empleo. «Pero, ¿qué le vamos a hacer?», añade resignado. Para él, que procede de uno de los países más violentos de África y al que nada más llegar a España – desde Francia, a donde había volado con visado de turista – le robaron sus pertenencias, nunca nada ha sido sencillo.

Su aspiración, la obtención del permiso de residencia, la consiguieron 3.600 extranjeros en 2009 en la Región. La cifra va a la baja por la menor presión migratoria y la dificultad de conseguir contratos de larga duración que la crisis ha ocasionado. Los beneficiarios trabajan mayoritariamente en la agricultura y en la asistencia doméstica, según Fulgencio Puche, director de la Oficina Única de Extranjeros. Puche recuerda que antes de la gran regularización de 2005 – 40.000 inmigrantes se acogieron al proceso – los irregulares – unos 74.000 – eran mayoría entre los extranjeros.

Polémica política

El coste de la inmigración

La inmigración ha vuelto al primer plano del debate – escorada como está en las preocupaciones ciudadanas reflejadas en las encuestas – por la intención del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los ‘ilegales’. Su alcalde, que ha acabado por acatar el dictamen de la Abogacía del Estado, adujo ayer que el problema de fondo es que «esta gente tiene muchas necesidades y el Ayuntamiento los tiene que atender», para así pedir a las demás administraciones que sean «solidarias» y que aporten recursos económicos a las poblaciones con más inmigrantes ‘irregulares’.

Calcular el consumo en servicios sociales de los ‘ilegales’ no es sencillo. En 2006, el Gobierno regional cifró en 534 millones de euros – el 14% del presupuesto de la Comunidad por entonces – el dinero que destinaba al colectivo inmigrante: tanto ‘regulares’ como ‘irregulares’. El montante servía además de argumento a San Esteban para reclamar al Ejecutivo central la «deuda histórica» acumulada por el desfase de la antigua financiación autonómica en base a la población de 1999, cuando apenas había un 1,5% de extranjeros. Admitiendo un gasto en extranjeros similar al de 2006 – su peso poblacional ha crecido del 13,8 al 15,8% desde entonces – y distribuyendo uniformemente el gasto de ‘regulares’ e ‘irregulares’, estos últimos ‘cuestan’ unos 2.300 euros al año por persona. Casi 85 millones al año.

Los ‘ilegales’, al no poder estar contratados legalmente, no cotizan ni ellos ni sus empleadores a la Seguridad Social, pero contribuyen al fisco a través del IVA y de otros impuestos indirectos.