La decisión del Ayuntamiento de Vic de rechazar el empadronamiento a inmigrantes ilegales ha provocado lo que antes o después era inevitable: un debate nacional sobre la ley de inmigración elaborado y corregido por el Gobierno Zapatero.
Lo que ha ocurrido en esta localidad catalana es un ejemplo más de una cuestión de fondo, muy de fondo, que desde luego es altamente complicada y tiene un origen del que nadie puede engañarse. La política de extranjería del Gobierno Zapatero ha sido un auténtico desastre. Sin ton, ni son. Irresponsable. Falsamente progresista. Y con una inconsciencia que fue criticada en toda Europa.
Entonces estábamos inmersos en las vacas gordas de la economía; había trabajo para todos y los inmigrantes eran muy bien recibidos para puestos que los nacionales no queríamos. Era la flor de la opulencia. Ahora que la crisis es muy dura, que nos golpea a todos, que está dejando un reguero de paro imparable comienza a surgir una mirada, una actitud despectiva hacia los inmigrantes. Ocupan puestos escolares, abarrotan los centros de salud y han convertido barrios enteros en auténticas zonas cerradas. La recesión ha reabierto la crisis, es verdad, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista algunas cuestiones que como seres humanos son intocables.
Es verdad que Zapatero con su ley, incomprensible desde todo punto, está consiguiendo transformar a España de un país de acogida en un país de despedida. Pero –¡ojo!– los errores políticos no pueden hacernos olvidar la realidad que está por encima de todo: los inmigrantes son personas con sus derechos y deben ser tratados como tales. Las frivolidades de un Gobierno no pueden ser razón suficiente para que ahora lo paguen los inmigrantes que están en España por una política de puertas abiertas, de papeles para todos. Los derechos humanos están por encima de los caprichos o de las políticas del Ejecutivo.
Está claro que hay un claro cortocircuito legal que habría que arreglar. Está claro que esta política de inmigración hay que corregirla. Está claro que los errores se están pagando ahora y que además tienen todas las papeletas para alentar la xenofobia.
Es verdad que el alcalde de Vic ha anunciado este jueves que va a aceptar el informe de la Abogacía del Estado y por lo tanto definitivamente retira su iniciativa y se va a empadronar a los inmigrantes ilegales. Con esta decisión se cierra esa polémica; pero no cambia el fondo de la cuestión. Después de Vic, vendrá Torrejón o la ciudad que corresponda en cada momento. Los efectos de una mala política son imprevisibles. Y desde ahora con la crisis económica lo peor esta por venir.
La inmigración necesita un pacto de Estado serio, riguroso, por encima de las inclemencias políticas y de forma armónica con la Unión Europea. Pero siempre teniendo en cuenta que los inmigrantes son personas, con todos los derechos y que deben ser tratadas como se merecen. La crisis económica no es motivo para justificar nada y más cuando durante este tiempo floreciente han colaborado también en sacar adelante económicamente España.
En fin, el incendio de Vic ha sido apagado pero el Gobierno no puede dormirse. Ellos han creado el problema, este gran problema, y ahora tienen que buscar soluciones. Es su responsabilidad. Mirar hacia otra parte es volver a las andadas de la irresponsabilidad.