La UMP quiere multar a quien utilice el velo con 750 euros

Sarkozy prohibirá el uso del burka en las calles de Francia

La Razón, 22-01-2010

París – El burka podría tener los días contados en Francia. Al menos ése es el propósito de la misión parlamentaria que desde hace seis meses estudia la realidad de este fenómeno y que la semana que viene propondrá al Gobierno de Nicolas Sarkozy «que lo prohíba en todo el territorio de la República». Las conclusiones del informe se presentarán el próximo día 26, pero el presidente de dicha misión, el diputado comunista André Gérin, adelantó ayer en una entrevista al diario «Le Figaro» que existe consenso parlamentario sobre la necesidad de una ley. También, que el problema es «más grave de lo que pensaba».
Por eso, preconiza que la prohibición del velo integral islámico, que según algunos estudios utilizarían en Francia unas dos mil mujeres, sea «absoluta» en todos los lugares abiertos al público. Aunque estima necesario que el texto se elabore «de forma pluralista», de manera que se adopte un punto de vista sobre la cuestión que compartan todas la sensibilidades representadas en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja.
Ahora bien, la eventualidad de una ley es una decisión que compete al presidente francés, que recientemente abogaba por que el Parlamento se pronuncie unánimemente por vía de una resolución – sin carácter normativo – sobre la prohibición del burka que posteriormente sería completada con textos legislativos y reglamentarios. En cualquier caso, la ley ni se debatiría ni vería la luz antes de las regionales de marzo.
La dificultad radica en el alcance de la futura norma para evitar estigmatizar a los musulmanes. El presidente de la conservadora UMP en la Asamblea Nacional, Jean François Copé, es partidario de extender su prohibición a la vía pública y de sancionar con 750 euros a quien utilice en la calle «accesorios para disimular el rostro». El parlamentario, al que han acusado de precipitación incluso en sus propias filas por presentar paralelamente una propuesta de ley en este sentido, insistió ayer en el carácter «disuasivo» de la medida, que de aprobarse entraría en vigor a los seis meses tras un periodo de explicación.

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