Los polémicos criterios que pretendía aplicar el Ayuntamiento de Vic para negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular ya son historia; al menos en lo que concierne al consistorio, que no piensa mover un dedo para volver a abrir un debate público incendiario, entre otras cosas porque la Abogacía del Estado ha dejado las reglas de juego muy claras. El relevo lo toman los partidos políticos, que ya han llevado la discusión al ámbito nacional, aunque el alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), tras dar marcha atrás, aprovechó su comparecencia de ayer ante los medios para pedir al Gobierno que haga cumplir la ley de extranjería, y para reclamar ayudas económicas destinadas a los ayuntamientos con una elevada tasa de inmigración: en Vic sobrepasa el 23%.
Acompañado de seis concejales de su equipo de gobierno (CiU, ERC y PSC), y un día después del no del Ejecutivo central, Vila d’Abadal habló del tema en una rueda de prensa que levantó gran expectación. El ayuntamiento ha retirado la propuesta de modificar las condiciones de acceso al padrón para los inmigrantes y continuará aplicando el mismo sistema que hasta ahora. La documentación necesaria para los trámites seguirá siendo, al igual que en el resto de poblaciones españolas, un pasaporte y un papel que acredite la residencia en el municipio. Queda descartado pedir un pasaporte con el visado «preceptivo» que exige la ley de extranjería como quería el consistorio de la capital de Osona.

DEFENSA DE LA CIUDAD / La marcha atrás del ayuntamiento es fruto de la contundente respuesta del Gobierno español, vía Abogacía del Estado, que no le ha dejado mucho margen de maniobra: el dictamen argumenta que la inscripción en el padrón debe desvincularse de la situación legal del interesado. «Acatamos la decisión pero no la compartimos», dijo Vila d’Abadal, cuyo plan para limitar el empadronamiento contó con el respaldo de sus socios de gobierno: PSC y ERC («la ley debe cumplirse», seguían diciendo ayer fuentes del PSC).
«El Gobierno –explicó el alcalde nacionalista– nos dice que un pasaporte sin visado es válido y que debemos empadronar aunque la residencia del solicitante no sea legal».
Vila d’Abadal reiteró por enésima vez que la medida solo pretendía poner «un poco de orden» en el padrón, en el que se han detectado muchas irregularidades. El responsable aprovechó el gran número de cámaras de televisión para negar que Vic sea «xenófoba», y recordó que la ciudad es pionera en desarrollar modelos de gestión de la inmigración.
Menos condescendiente fue el primer teniente de alcalde, Xavier Solà (CiU), que no dudó en mostrar su enfado con unas declaraciones explosivas. El concejal nacionalista calificó el informe de la Abogacía del Estado como «muy flojo» y de «gran inconsistencia jurídica y social», dijo que vulnera «el principio de legalidad» y pone «en peligro» el Estado de derecho, y alertó sobre el «efecto llamada» que, dijo, implicará «más muertes de inmigrantes en patera».
Una de las acusaciones que se han vertido estos días sobre el equipo de gobierno de Vic, desde ámbitos muy diversos, ha sido que la iniciativa de cambiar el padrón tenía por objetivo frenar el auge de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), que en las pasadas elecciones se convirtió en la segunda fuerza más votada de la ciudad con cuatro regidores. Precisamente, y tras conocer la rea – cción del ayuntamiento, PxC tardó muy poco en intentar aprovechar la debilidad del equipo de gobierno.

ANDANADA DE ANGLADA / Josep Anglada, presidente de la formación, reclamó al alcalde que no retirara la propuesta, argumentando que el informe de la Abogacía del Estado «no es vinculante», y que se remitiera al informe jurídico del secretario de la corporación, que desde el principio de la polémica avaló su legalidad. En caso contrario, Anglada pidió la dimisión de Vila d’Abadal. También solicitó que la iniciativa se lleve al pleno municipal que se celebrará el día 3 de febrero.
El alcalde se comprometió a seguir trabajando en favor de la convivencia trasladando el debate al consejo, ampliándolo a otros temas relacionados con la inmigración –la calidad de la acogida, el acceso al mercado laboral– y tendió a la vez la mano a las entidades locales, con las que ya ha celebrado reuniones en esta línea.
Estas, muy críticas con el ayuntamiento desde el comienzo del debate, no ocultaron su satisfacción por el desenlace. «A partir de ahora se inicia una nueva tarea en la que tenemos que estar presentes las entidades», reclamó Angélica Romero, de la Asociación de Colombianos de Osona. «No hay ganadores ni perdedores. Quien ha ganado es la sociedad catalana y los derechos humanos», apuntó Youcef Allauwi, de Amic – UGT, quien, sin embargo, calificó todo el debate suscitado de «electoralista». Pues, a pesar de la disposición a colaborar, algunas de las entidades no dudaron en criticar la manera acérrima en que el ayuntamiento defendió su criticada posición. «Problema resuelto, ya está. Querían cambiar el padrón y no han podido», zanjó Malan Diba, de la Associació Cultural Subsahariana Amics d’Osona (ACSAO).