Vic da marcha atrás. Su alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, anunció ayer que no seguirá adelante con su intención de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares y por tanto acata el dictamen de la Abogacía del Estado, que consideraba ilegal esta medida. El consistorio se olvida por tanto del polémico proyecto de cambio en los criterios para inscribir a los extranjeros en el registro municipal y empadronará a todos los que vivan en Vic, incluso a los inmigrantes sin papeles. El Gobierno aplaudió la rectificación.

«Como ya dijimos desde el primer día, el ayuntamiento acata, aunque no comparte, la orden que nos da la Abogacía del Estado y seguiremos el empadronamiento como hasta ahora, es decir, continuaremos empadronando a la gente que venga a Vic con pasaporte sin visado o sin residencia legal», señaló el nacionalista d’Abadal.

Acompañado de todo su equipo de Gobierno, formado por CiU, ERC y PSC, el alcalde afirmó que el Ayuntamiento de Vic asume «la decisión del Estado, porque es el órgano competente en materia de fronteras, de pasaportes y de inmigración». Además, reiteró que la ciudad catalana «continuará trabajando como hasta ahora por la cohesión social y la integración de las personas recién llegadas».

Cansado de la imagen negativa que se ha dado de la localidad, Vila d’Abadal rechazó que Vic sea una población racista. Subrayó que «si lo que queremos es que se integre al inmigrante, se tienen que hacer las cosas con orden y de forma rigurosa y recta». No se arrepiente de la iniciativa que puso en marcha, porque, aunque queda en suspenso, ha conseguido abrir un debate que era hasta ahora casi tabú y que según el alcalde debe abordarse con serenidad y alejado del foco de los medios de comunicación. «Porque sin orden podemos tener grandes costes sociales en el futuro», remató.

Ayuda económica

El alcalde instó al Gobierno central a que cumpla en su plenitud la Ley de Extranjería, «de lo contrario se corre el riesgo de crear guetos en las ciudades», advirtió. Asimismo, reclamó al Ejecutivo que ayude económicamente a todos los municipios que tienen un elevado porcentaje de inmigrantes , como Vic, con tal de garantizar una correcta atención a todo el mundo.

Mientras, CiU anunció ayer que emprenderá medidas legales para que se endurezca la normativa. «Propondremos al Gobierno que revise si la actual Ley de Extranjería está vigente o no», dijo el portavoz de la coalición en el Parlament, Oriol Pujol, que consideró un contrasentido que se pueda empadronar a un inmigrante sin visado.

El Gobierno recibió complacido la rectificación porque a su juicio la iniciativa estimulaba el racismo. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se congratuló «del paso atrás del alcalde» y confío en que esta polémica «pase pronto». Señaló que a partir de ahora «podremos hablar pronto de lo importante, un debate tranquilo y sereno sobre la inmigración legal y la integración».

También la secretaria de Inmigración, Consuelo Rumí, celebró la decisión de Vic porque a su juicio seguir adelante hubiera sido «una irresponsabilidad» y abogó por atajar «los conatos oportunistas que alientan el racismo buscando un rédito electoral».