El informe de la Abogacía del Estado, que constata que la inscripción en el padrón municipal no precisa de la residencia legal del inmigrante en España, ha sido suficiente para que el alcalde de Vic renunciara ayer a aprobar una resolución calificada por él mismo como «innovadora», que supeditaría el empadronamiento a la previa concesión del visado o permiso de residencia. El acatamiento de la norma constituye una muestra del ineludible sentido democrático con el que han de conducirse los responsables públicos. Pero la resistencia mostrada por integrantes del Gobierno municipal de Vic a asumir los valores de acogida y universalización de los servicios básicos que representa esa misma legalidad no puede zanjarse por la mera imposición de la ley. Invita a un debate franco sobre los principios que han de inspirar la convivencia humana en un país que continúa siendo atractivo para las corrientes migratorias que van del sur al norte y del este hacia el oeste. Se trata de un debate que, eso sí, debe atenerse al cumplimiento de la legalidad vigente mientras no se cuente con un consenso parlamentario que la modifique. Pero, en cualquier caso, sería estéril y hasta pernicioso que la confrontación de ideas se redujese a un enfrentamiento de posturas, como si el futuro de la política de inmigración pudiera someterse a la disyuntiva entre el ‘efecto llamada’ y el ‘efecto disuasión’. Aunque lo peor de todo es que la discusión pueda despertar o atender a los instintos más primarios de rechazo hacia el foráneo, infinitamente más peligrosos en sus consecuencias que aquellas otras inclinaciones que pudieran pecar de ingenuidad por su disposición extremadamente compasiva y generosa. En este sentido, si alguna responsabilidad han de asumir los distintos grupos políticos – que en el caso de la inmigración se multiplican a causa de las desiguales circunstancias que viven las comunidades autónomas y los municipios – es la de evitar la utilización partidista, demagógica y crispada, de un asunto tan delicado. Una responsabilidad que atañe particularmente a aquellas formaciones que ostentan el Gobierno o aspiran al ejercicio del poder político en cualquier comunidad autónoma y en España.