El Ayuntamiento ilerdense sólo cambiará su actuación si se le obliga «legalmente» Lérida

El Ayuntamiento de Alcarrás, un municipio de Lérida de 7.000 habitantes, no sólo exige a los inmigrantes que tengan los papeles en regla antes de empadronarles, sino que también les pide un contrato de trabajo, lo que convierte sus condiciones en las más duras de las conocidas hasta ahora. Así lo confirmó ayer el primer teniente de alcalde de la localidad, Jordi Casals, quien aseguró que la medida se aplica desde hace años sin que nadie se haya quejado. «Algo falla desde el Gobierno central cuando se permite la llegada masiva de ilegales», señaló.

El municipio tiene oficialmente más de un 20% de población inmigrante, una proporción que se dispara durante la campaña de recogida de la fruta por la llegada de temporeros. De ahí que Casals, miembro del Gobierno convergente, secundara algunas de las tesis del alcalde de Vic y asegurara que los municipios con mucha inmigración no tienen recursos económicos para dar respuesta a las necesidades que plantea. «Los ayuntamientos nos vemos obligados a adoptar las soluciones que tenemos a nuestro alcance» cuando «el Gobierno no propone medidas», declaró. Según Casals, el objetivo de la norma es «asegurar que los inmigrantes que se inscriben en el padrón realmente son vecinos del pueblo».

La normativa se aplica desde hace años sin que haya generado conflictos, por lo que el equipo de Gobierno, de CiU, no tiene previsto cambiarla pese al pronunciamiento de la Abogacía del Estado. Una negativa con matices: «Si nos obligan legalmente, la cambiemos», dijo Casals.