Dos meses después de la reforma de Ley de Extranjería, PSOE y PP reabren la discusión Toledo

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, reclamó ayer la apertura de un «debate sereno y tranquilo» sobre la controversia suscitada por el Ayuntamiento de Vic al negarse a empadronar a sin papeles. Hace menos de dos meses, el Congreso reformó la Ley de Extranjería sin que el proyecto del Gobierno abordase la cuestión, ni lo hiciese durante el trámite parlamentario ningún grupo.

Viene de primera página

Corbacho se felicitó de la decisión del Ayuntamiento de Vic de plegarse al informe de la Abogacía del Estado, que concluye que tiene la obligación de empadronar también a los inmigrantes indocumentados. En declaraciones al inicio de la cumbre de la UE en Toledo, expresó su deseo de que, una vez que se vuelve al «escrupuloso respeto a la ley», se ponga fin lo antes posible a la polémica.

«Hay que apostar por una inmigración regular y legal y centrarse en el reto de la integración», señaló el ministro, que apostó a continuación por abrir «un debate tranquilo y sereno», en la misma línea que se había pronunciado el miércoles José Blanco en El programa de Ana Rosa.

El número dos del PSOE subrayó la «probable incongruencia» que existe entre la obligación de los ayuntamientos de empadronar a los sin papeles y que esta situación sea, al mismo tiempo, causa de expulsión de España. Otro dirigente socialista, Patxi López, insistió ayer en ese punto, al señalar en un desayuno informativo en Madrid que «es posible que haya algún tipo de contradicción que se deba solventar». Eso sí, matizó que, «por encima de todo, hay que garantizar a todo ser humano su condición de ciudadano».

A las declaraciones de Blanco aludió ayer también la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que reclamó la apertura de «un debate» para una nueva Ley de Extranjería «consensuada entre los dos grandes partidos políticos» y adaptada «a lo que está pasando» en España, para que «no se caiga en contradicciones como las que ahora está reconociendo el PSOE».

La vocación del Gobierno, del PSOE y de la oposición de reabrir un debate público sobre la inmigración se produce muy poco después de que el Congreso cambiase la normativa. La quinta reforma de la Ley de Extranjería fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre y entró en vigor el 13 de diciembre, un día después de su publicación en el BOE.

Ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos políticos ponía el dedo en la llaga del padrón, en el sentido de modificar la norma para evitar que el empadronamiento se convirtiese en una puerta de acceso, primero, al arraigo – a través de derechos como la asistencia sanitaria y la escolarización – y, después, a una hipotética regularización. En el debate parlamentario tampoco se abordó esa cuestión. Tampoco lo hizo el PP, aunque votase en contra.

El único cambio al respecto se produjo en el artículo 6.3. La antigua ley decía que los «ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio»; ahora, recoge que los «ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio».

El texto «más restrictivo» de los últimos años, en palabras de las ONG, fue aprobado con los votos a favor de PSOE, CiU y Coalición Canaria, y con los votos en contra de PP, IU – ICV, ERC, PNV, UPyD y Nafarroa Bai. El Bloque Nacionalista Galego se abstuvo.

Entre las principales novedades que establece la norma que acaba de cumplir un mes de vida está el aumento del plazo de retención de sin papeles desde los 40 a los 60 días, las limitaciones en la reagrupación familiar y la penalización de los que acojan en su casa a aquellos a quienes les ha caducado el visado de turista.

También ayer, en Toledo, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, lanzó veladas críticas hacia los que ella considera que utilizan de manera «oportunista» la polémica sobre el empadronamiento de los sin papeles, y alertó de posibles «conatos o movimientos que alienten al racismo o que busquen una oportunidad para obtener un rédito electoral» gracias estas cuestiones, «que sólo generan tensión en una materia de extremada delicadeza».

Rumí, tras la reunión del Consejo informal de Justicia e Interior sobre inmigración, consideró que, a aquéllos que intenten utilizar la inmigración como «tarjeta electoral», se les volverá contra ellos.

«Políticas universales para todos»

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró ayer el Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza» con un llamamiento para evitar la exclusión social y garantizar sanidad y educación a todos sus ciudadanos. Para Zapatero, «la lucha contra la exclusión social no responde sólo a un paradigma ético, también a una arraigada y certera convicción». Por ello, dijo que la UE debe contemplar «políticas universales para todas las personas». En la imagen, junto a González y Trinidad Jiménez.