La CEP cree que así se podría localizar a los ‘sin papeles’ con más facilidad Barcelona / Madrid

En plena discusión sobre la voluntad de algunos alcaldes de no empadronar a inmigrantes en situación irregular, el comité regional de la Confederación Española de Policía (CEP) se ha mostrado partidario de que los agentes tengan una conexión informática «directa» con los datos del padrón para localizar, y llegado el caso expulsar, a los sin papeles, según explicó ayer mediante un comunicado.

El sindicato defendió que los funcionarios policiales «deben saber en qué localidad se encuentran empadronados» los inmigrantes, para poder tener una copia de su pasaporte y comprobar si están regularizados. Para conseguirlo, son partidarios de habilitar un enlace informático con las bases del padrón municipal para que el Cuerpo Nacional de Policía «pueda y deba llevar a término sus competencias en materia de extranjería y documentación, labor ésta que únicamente recae sobre esta policía en todo el Estado».

Su petición no estaba exenta de crítica, ya que este sindicato policial también lamenta que, con la legislación actual, la búsqueda de inmigrantes sin papeles se convierte en «un auténtico juego de azar» en el que, en muchas ocasiones, hay que esperar a que «la diosa fortuna tome parte en la ejecución de la expulsión».

Esta petición no es compartida, no obstante, por todos los sindicatos policiales. Mucho menos entusiasmado con esa iniciativa se mostró el portavoz del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, quien recordó que el cuerpo ya tiene «acceso libre» al padrón municipal, ya que no es necesaria autorización judicial ni ningún otro requisito para que los ayuntamientos lo cedan.

El responsable policial consideró que la Agencia Española de Protección de Datos no autorizará que la Policía tenga un enlace con el padrón desde su base informática – «sería ilegal» – , pero precisó que, a su juicio, «tampoco sería demasiado útil, ni mucho menos imprescindible». «El padrón puede servir de ayuda, como otras 20 cosas más, pero los datos que contiene no son muy fiables», señaló.

Sobre esta misma cuestión, y a un nivel más político, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz – Gallardón, se preguntó ayer «qué ganan» los alcaldes que se niegan a empadronar a inmigrantes ilegales, y recordó que la competencia en materia de extranjería es del Estado, por lo que ningún ayuntamiento puede introducir requisitos añadidos a lo que marque la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local.

El primer edil madrileño afirmó tajantemente que «las normas de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic son ilegales» y, aunque no se manifestó en el mismo sentido con respecto al Consistorio de Torrejón de Ardoz, subrayó que «todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local supone una ilegalidad».

«No estamos de acuerdo en poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse, porque la legislación española vigente no establece tales limitaciones, y corresponde al legislador nacional establecer la política de extranjería y no es competencia que los ayuntamientos puedan asumir de forma individual. No podemos establecer restricciones donde la ley estatal no las ha previsto», afirmó.

«Limitar los derechos de los inmigrantes a empadronarse», continuó, «es privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para asegurar su supervivencia y garantizar su dignidad».