El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha manifestado hoy que “hay una obligación de empadronar a los ciudadanos irregulares que viven en un municipio” y ha rechazado la “excusa” de Torrejón de Ardoz (Madrid) de que se intenta evitar el hacinamiento.

Chaves, que se ha reunido hoy en Parla con los alcaldes socialistas del sur de Madrid con motivo del Plan Estratégico del Sur, ha preguntado a los dirigentes del PP y al alcalde de Torrejón de Ardoz (Madrid) “¿qué ocurriría si hay españoles, nacidos en España, que viven hacinados en nuestro país? ¿Se les negaría también el derecho a ser empadronados?”.

El vicepresidente se refería así a la polémica por la actitud de los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz y de Vic, en Cataluña, de negarse a empadronar a algunos de sus inmigrantes .

Chaves ha manifestado que “en Torrejón buscan la excusa del hacinamiento en viviendas. Pero éste es otro problema. En este caso deben ponerse políticas de acuerdo con todas las administraciones para resolver este problema, pero no es una excusa”.

“El Partido Popular lo que está pidiendo es que se incumpla una norma que aprobó su presidente, Mariano Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas, que es empadronar a inmigrantes con domicilio en un municipio”, ha sentenciado.

Manuel Chaves ha destacado que “los problemas de inmigración no se pueden resolver con demagogia. En la etapa de Zapatero se han afrontado los problemas de la inmigración, se ha controlado la entrada de inmigrantes irregulares, se ha disminuido, y se ha aumentado el número de retornos. Hay una política muy clara”.

Chaves ha subrayado que “hay una obligación de empadronar a los ciudadanos irregulares que viven en un municipio. Estas personas también tienen derecho a las prestaciones legales, a la asistencia sanitaria y a acceder al sistema educativo”.

“En un país democrático como el nuestro, que también ha tenido muchas personas que se han visto obligadas a emigrar, a esas personas no se les pueden negar sus derechos. Hay una obligación legal de empadronamiento”, ha recordado.

Por último, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial ha pedido “menos oportunismo, menos demagogia y más cumplir con la Ley. No sólo hay que tener en cuenta la dimensión legal, sino también la humana”.