Mi abogado defendía a una extranjera sin papeles y argumentó ante el juez: «Señoría, estos inmigrantes cuidan de nuestros niños, atienden a nuestros ancianos y hacen los trabajos que nosotros no queremos hacer». No pudo argumentarlo mejor. El alcalde de Vic, Josep María Vila, se ha saltado la ley prohibiendo empadronar a los ilegales. Al margen de cuál sea su condición administrativa, todo ser humano tiene derecho a la sanidad y educación públicas, y a inscribirse en un padrón. Otra cosa es lo que la Justicia decida, pero lo de Vic es una «alcaldada» xenófoba que hay que parar a tiempo.
Pareciera que nos invaden los extraterrestres, pero el flujo de inmigrantes ha bajado en doscientas mil personas el último año, y, de los que quedan entre nosotros, un millón está en el paro. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurriría si en 24 horas toda la inmigración decidiera regresar a sus países de origen? Habría que multiplicar las residencias geriátricas y las guarderías, pasear a nuestro perro y arreglarnos nosotros mismos la casa. Veo a nuestros ejecutivos fregando los suelos y a las damas de copete limpiando el retrete. Además, es falso que la inmigración influya en la delincuencia, excepto bandas paramilitares de la antigua Yugoslavia. De las españolas de 35 años, una de cada tres no tendrá hijos. Es la inmigración la que salva nuestra demografía y la que pagará las pensiones. El alcalde de Vic es políticamente un primate.