El Ministerio de Justicia remitió ayer al Ayuntamiento de Vic la contestación oficial a su consulta sobre la polémica abierta en relación con los inmigrantes. Un informe de la Abogacía del Estado aclara al Consistorio que es obligatorio empadronar a cualquier extranjero que viva en el municipio, tenga tarjeta legal de residencia en España o no, y que el único documento oficial que se puede exigir para la inscripción es el pasaporte, en el que además da igual que tenga estampado o no el visado de entrada legal en el país. En otras palabras, que ni el Ayuntamiento de Vic ni ningún otro podrán rechazar los empadronamientos de extranjeros ‘sin papeles’.

El informe de Justicia, estudiada la ley aplicable al caso, saca dos conclusiones. La primera, que «la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España». Y, la segunda, que, «a efectos de tramitar las solicitudes de inscripción en el padrón municipal, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado».

El análisis de la Abogacía del Estado rechaza de esta forma el contenido del informe jurídico externo que encargó el Ayuntamiento de Vic al despacho del ex parlamentario de CiU Miguel Roca Junyent, que concluía que la ley no aclaraba si era obligatorio apuntar en el padrón a los extranjeros indocumentados. Si el consistorio catalán cumple con el compromiso de su alcalde, tendrá que desechar la medida restrictiva, que iba a entrar en vigor en febrero, y acatará las directrices de los servicios jurídicos del Estado.

La FEMP, también en contra

La respuesta del Gobierno se produjo el mismo día que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) terminara de redactar otro informe, a raíz de la polémica desatada en Vic, que llega a la misma conclusión que el de la Abogacía. Los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todas las personas que vivan en el municipio, sean españolas o extranjeras o tengan sus documentos en regla o no. El documento técnico será debatido en la próxima comisión ejecutiva de la institución.

El estudio aclara que se esa inscripción, según recogen las leyes, sólo describe una situación de hecho, la residencia en el municipio, pero no de derecho, ya que la pertenencia al padrón no entra a averiguar la legalidad de la situación del inmigrante en España ni puede ser esgrimida como prueba de nada ante la Administración. Lo único que prueba es que el inscrito vive en el país y, por lo tanto, puede beneficiarse de los derechos y deberes que le otorgue la ley.

Por su parte, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró contundente al proclamar que «el Gobierno de España no va a consentir que por un truco de un ayuntamiento haya seres humanos sin asistencia sanitaria o sin derecho a asistir a la escuela. No lo vamos a permitir». La polémica se desarrolla al calor de la precampaña para las elecciones catalanas, aunque la propuesta del alcalde nacionalista de Vic, en Barcelona, es llevada a cabo – aunque con algunos matices – , desde hace meses por el consistorio madrileño de Torrejón de Ardoz, gobernado por los populares.

Desde el PP se pronunció su secretaria general, Dolores de Cospedal, quien aseguró que su partido cumplirá la ley de Extranjería «por muy en desacuerdo» que estén con ella, pero defendió la necesidad de su reforma, «porque no está bien hecha», y anticipó que será uno de los ejes de su campaña en Cataluña.