El ministro y ‘número dos’ del PSOE admite la contradicción entre las leyes de Régimen Local y Extranjería / Zapatero advierte, sin embargo, que no va a consentir que «por un truco de un Ayuntamiento se menoscaben derechos» Madrid / Estrasburgo (Francia)

El ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, considera que «probablemente exista una incongruencia» en la legislación española sobre extranjería, cuando por un lado obliga a los ayuntamientos a aceptar el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles y, al mismo tiempo, establece que esa situación será causa de expulsión. El vicesecretario general socialista admitió esa contradicción ayer en Telecinco.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió en Estrasburgo de que «no consentirá que, por un truco de un ayuntamiento, se menoscaben derechos».

«La ley dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos. Probablemente exista una incongruencia, pero la mayor incongruencia es tener incontrolados a los inmigrantes en nuestro país para que se creen guetos incontrolables que lo único que iban a hacer es deteriorar la convivencia. Hay que abordar el debate con serenidad», dijo Blanco en el espacio de Telecinco El programa de Ana Rosa.

Aunque con matices, el vicesecretario general del PSOE subrayaba así la contradicción que ha puesto de manifiesto el alcalde de Vic (Barcelona) entre, por un lado, la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 6º de la de Extranjería – que obligan al ayuntamiento a inscribir en el padrón a los extranjeros indocumentados que tengan su domicilio habitual en el municipio para que puedan acceder a derechos que generan arraigo, como la asistencia sanitaria y la escolarización – y, por otro, el artículo 57 de esta última norma – que establece que esa situación irregular podrá ser causa de expulsión de España – .

Blanco señaló que comprende «que haya algún tipo de preocupación» y que tiene claro que debe acometerse «una batalla implacable contra la inmigración irregular». Aseguró que, a su juicio, «se ha avanzado» en la «lucha» para «que no entre nadie en España sin papeles», pero matizó que, «cuando están en nuestro país, no podemos dejarles tirados en la cuneta si necesitan la asistencia sanitaria».

Sin embargo, también ayer, el jefe del Ejecutivo fue rotundo en Estrasburgo: «El Gobierno de España no consentirá que, por el truco de un ayuntamiento, sea el de Vic o el de Torrejón, los hijos de un inmigrante, sea cual sea su situación, se queden sin sanidad o sin escuela».

No había margen alguno para la duda. Zapatero garantizó que las iniciativas que pretende adoptar el Ayuntamiento de la localidad catalana de Vic o que ya ha puesto en marcha el madrileño de Torrejón tendrán respuesta. «No permitiremos que se menoscaben los derechos de las personas», reiteró antes de llamar la atención sobre el hecho de que estaba defendiendo derechos humanos en una casa, la del Parlamento Europeo, «construida precisamente para esto».

«En Europa», dijo para dar respuesta a los apuntes de carácter xenófobo que le habían hecho algunos eurodiputados a propósito de la política de inmigración española, «no debería llamar la atención que un presidente de Gobierno diga que hay que defender los derechos humanos, incluso de los inmigrantes ».

Y es que, durante la sesión de preguntas en el pleno del Parlamento Europeo a la que se sometió, hubo quien le reprochó haber puesto en marcha una política de acogida masiva de inmigrantes al haber procedido a una regularización de los irregulares sin haber contado con el resto de los socios europeos. También hubo quien defendió abiertamente la necesidad de «cerrar fronteras».

«Es rotundamente falso que yo sea partidario de una inmigración masiva. Lo que soy es masivamente partidario de respetar los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan», recalcó Zapatero. «Nos debemos atener al pacto de inmigración, lo que implica controlar fronteras y mantener acuerdos con países terceros, pero también incluye la integración y el respeto a los derechos de los inmigrantes . Los españoles sabemos bien lo que es tener que irse fuera de la patria para buscar un mínimo de dignidad económica», dijo.

Después recordó que, en 2025, la UE tendrá un 30% de población de más de 65 años y ello producirá una merma de las capacidades productivas y una presión sobre los sistemas de seguridad social. «Europa», defendió, «necesita trabajadores y extender su población activa».