La legislación sobre la atención a los ‘sin papeles’ varía de unos países de la UE a otros Madrid

Cada país de la UE legisla de una manera distinta el acceso de los inmigrantes a la sanidad y a la educación. Sólo entre Francia, Italia, Alemania y Reino Unido hay grandes diferencias. Alemania es tan exigente como pretende serlo Vic. Italia atiende al sin papeles, pero bajo el síndrome de la segregación. Y Francia y Reino Unido son más relajadas.

FRANCIA. No existe un empadronamiento comparable al español. Existe un censo, al que pueden inscribirse los ciudadanos legales e ilegales, que se utiliza con fines estadísticos y en el que se garantiza el anonimato. Muchos de los servicios municipales, como la escolarización, han de justificarse con una prueba de residencia. Basta una factura de la electricidad o del gas.

Los ayuntamientos ofrecen sus servicios por sectores, de modo que un inmigrante sin papeles puede reclamar la escolarización de sus hijos, que es gratuita y obligatoria, aunque no preserva a los padres de la eventual expulsión si se verifica la clandestinidad. La cobertura social incluye asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, aunque en casos extremos a través de un servicio de urgencia. / RUBÉN AMÓN

ITALIA. A pesar de que el Gobierno de Silvio Berlusconi ha tipificado como delito ser un inmigrante ilegal, la Constitución italiana garantiza el derecho a la sanidad y a la instrucción pública de todas las personas presentes en el territorio italiano, independientemente de su situación jurídica. Pero, dado que no tienen papeles, sus tarjetas sanitarias son anónimas y en las mismas no figura dato alguno. Con ellas pueden acudir a los ambulatorios para Extranjeros Temporalmente Presentes, dirigidos específicamente a los inmigrantes clandestinos. Allí un doctor les atenderá y les prescribirá (con cargo a la Seguridad Social) los medicamentos o las pruebas que necesiten. En caso de emergencia, son atendidos en los hospitales públicos.

El problema, según señalan en Médicos Sin Fronteras, es que muchos ilegales desconocen que tienen derecho a la sanidad pública o se resisten a acudir por temor a ser denunciados. De hecho, el Gobierno de Berlusconi intentó el año pasado derogar una ley que prohíbe a los médicos italianos denunciar a los pacientes ilegales. Por otro lado, los menores de 14 años no sólo tienen derecho a la educación pública, sino que están obligados a recibir instrucción. / IRENE HDEZ. VELASCO

ALEMANIA. Alemania exige a todo extranjero residente en su territorio una inscripción en el Burgeramt (Oficina de Ciudadanía), imprescindible para cualquier otro trámite, como obtener una tarjeta sanitaria, escolarizar a un niño, alquilar una vivienda, tener un teléfono móvil o una cuenta en un banco, pero que en ningún caso garantiza el derecho a los servicios sociales. Y para la obtención de ese primer documento, que hasta hace muy poco tramitaba directamente la policía, es necesario acreditar la situación legal en el país como trabajador extranjero, como estudiante extranjero, como asilado o como cónyuge de un alemán. A los no europeos se les exige, además, certificado de penales.

El acceso a la sanidad pública pasa necesariamente por el pago, particular o de la empresa para la que se trabaja, de las Krankencasse, Cajas Sanitarias, que no admiten sin papeles entre sus afiliados. Los visados de turismo no son válidos para acudir al médico (debe cubrirlo el seguro de viaje) ni para legalizar un alquiler. Los hospitales atienden en urgencias a extranjeros sin papeles, pero inmediatamente advierten a la policía.

Un extranjero no puede llegar a Alemania a buscar trabajo; sólo se considera legales a los que llegan ya con contrato. Los trabajadores extracomunitarios pueden permanecer trabajando un máximo de cinco años. / ROSALÍA SÁNCHEZ

REINO UNIDO. Las ONG estiman que hay cerca de medio millón de inmigrantes ilegales en el Reino Unido. La mayoría son personas cuyo permiso de trabajo ha expirado o a las que se les ha denegado su solicitud de asilo. La ley no les permite empadronarse legalmente, pero diversas organizaciones han denunciado en los últimos años que el sistema es un coladero. La sanidad pública tiene orden de atenderlos sólo en casos de emergencia, pero los ambulatorios no piden ningún documento en sus consultas. Problemas que se explican en parte porque el Reino Unido es uno de los cuatro países de la UE donde ni nacionales ni extranjeros tienen carné de identidad. Los conservadores se oponen a la introducción del DNI, pero han denunciado el descontrol en diversas ocasiones y su líder ha anunciado mano dura si gana las elecciones: establecerá un cupo de entrada de inmigrantes y fijará un máximo de 70 millones de habitantes. / EDUARDO SUÁREZ

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