EL RECONOCIMIENTO de José Blanco de que en la legislación en materia de inmigración «probablemente exista una incongruencia» viene a dar la razón a quienes reclamamos una reforma de la normativa. El ministro y número dos del PSOE se rinde a la evidencia, puesto que no es lógico que a un mismo tiempo se obligue a empadronar a quien se está obligado a expulsar del país. Sin embargo, muchos en su partido, empezando por el presidente del Gobierno, prefieren hacer la vista gorda ante el problema, como si el sólo hecho de admitir la contradicción palmaria en la que incurre la ley infligiera un estigma racista. Zapatero calificó ayer de «truco» la decisión de Vic de no empadronar a sin papeles. No podía haber encontrado mejor término para definir la situación que genera la normativa en vigor: dado que se obliga a empadronar a los ilegales y el empadronamiento genera derechos de arraigo, esa vía se utiliza como trampilla para colar a todo el mundo, desnaturalizando la pretensión lógica de diferenciar entre inmigración legal e ilegal. La incoherencia de la normativa obliga a cambiarla.