La gala consagró a ‘Avatar’, del director James Cameron, como mejor película de drama
El equipo de Camacho liquida el vital encuentro ante el Espanyol con diez minutos de acierto,

lA decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar extranjeros en situación irregular ha reabierto el debate, siempre latente, sobre la gestión de los flujos migratorios y sobre su atención una vez asentados en el territorio de acogida y más allá de la condición administrativa de cada cual. Que la resolución de ese consistorio catalán tiene más que ver con la presión que ejerce sobre sus políticos un electorado que ve peligrar su sustento en una dura coyuntura económica que con una reflexión de índole jurídica queda de manifiesto a la luz de los numerosos dictámenes de especialistas que explicitan la obligación de los municipios de incluir en el padrón a la población extranjera. Una conclusión evidente si se leen con un mínimo de atención los artículos 15 y 16 de la Ley de Bases de Régimen Local, así como el artículo 6 de la Ley de Extranjería, como también aprecia la Federación Navarra de Municipios y Concejos, el Defensor del Pueblo y la inmensa mayoría de los alcaldes consultados. Por tanto, y al margen de esta infundada polémica legalista, lo que cabe preguntarse es hasta qué punto los ayuntamientos tienen que cargar, sin una financiación externa suficiente, con una responsabilidad que les es ajena desde el punto de vista competencial como la de asumir todas las cargas que se derivan, en prestación de servicios, del empadronamiento. Porque no se puede soslayar la realidad incontrovertible de que los ayuntamientos, como la institución más cercana al ciudadano, son también el poder público más próximo a las penalidades del inmigrante, al que en buena medida atienden desde el más recio de los voluntarismos. Claro que la cuestión previa a la integración sostenible, por efectiva además de garantista, es cómo regular la llegada de inmigrantes, y de nuevo hay que reivindicar que la gestión de esos flujos se ejecute bajo principios de legalidad, con la contratación en origen como instrumento principal para sortear a las mafias, pero sin que eso suponga un menoscabo de los derechos que asisten a todo ser humano. En este punto, volvemos al principio de todo, la tragedia que supone tener que huir de la miseria, jugándose incluso la propia vida, por la imposibilidad de afrontar una existencia digna donde se ha nacido. Y ahí es donde los esfuerzos de la comunidad internacional siguen siendo ínfimos, minúsculos, y desde la caridad más que desde una apuesta inequívoca y sostenida por la justicia social.