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Pamplona. La polémica abierta por el Ayuntamiento de la localidad catalana de Vic con su decisión de impedir el registro en el padrón municipal de los inmigrantes irregulares ha abierto un debate tan viejo como peligroso, contaminado siempre por posicionamientos demagógicos y xenófobos que vuelven a la primera línea de la actualidad en plena crisis económica. Sin embargo, y aunque con algún matiz, todos los alcaldes navarros consultados por este diario desvinculan de la inmigración los problemas que sufre la administración local, muchas veces pagana de una legislación que otorga responsabilidades pero que no garantiza capacidad financiera, advierten. Todos ellos garantizan el empadronamiento de todos los extranjeros, pero reclaman ayudas que permitan atender las necesidades básicas de la población más necesitada, inmigrante o no. Sólo Yolanda Barcina fue más allá al pedir al Ministerio del Interior que actúe contra los inmigrantes ilegales. El número de inmigrantes en Navarra supera los 70.000 habitantes y alrededor del 10% estarían en situación irregular, según los datos de la última encuesta de la UPNA.

Yolanda Barcina, pamplona

“El Ministerio debe cumplir con su obligación y actuar con los inmigrantes ilegales”

La alcaldesa de Pamplona y presidenta de UPN, Yolanda Barcina, destaca que su Consistorio cumple la ley en el empadronamiento de inmigrantes ilegales, pero insta al Ministerio del Interior a hacer lo mismo en materia de repatriaciones. “Igual que nosotros si tenemos que empadronar, empadronamos, nos gustaría que el Ministerio del Interior cumpliera, y si tiene que actuar con los inmigrantes ilegales que lo haga con base en las leyes y en la competencia que tiene. Igual así se evitan otros problemas”, defiende. Barcina asegura que el Ayuntamiento de Pamplona “siempre” cumplirá la legalidad vigente, “como ha hecho hasta ahora”, y la ley, recuerda, “nos dice que tenemos la obligación de empadronar a todas las personas que estén residiendo en nuestra ciudad”. “Pero esto no justifica ningún tipo de derecho o deberes en relación con la legalidad de la residencia en el país de estas personas. Esa responsabilidad es del Ministerio del Interior y de hecho el Ayuntamiento no tiene que hacer ningún tipo de control con respecto a esa legalidad”, destaca Barcina, que recuerda que una persona empadronada acaba por tener derechos, “y eso vuelven a ser de nuevo competencias impropias que prestamos los ayuntamientos”. “Los alcaldes siempre hemos puesto de manifiesto que al final tenemos una serie de cargas financieras que no deberíamos tener con las atribuciones que se nos dan”, y pide al Estado que “reflexione sobre lo que se nos manda a los ayuntamientos”.

josé antonio mendive, barañáin

“Hay temas que exceden de nuestra responsabilidad”

El alcalde de Barañáin (localidad con un 20% de inmigración), José Antonio Mendive, cree que la “realidad” de la Comarca no es la misma que la de Vic, donde la tasa de paro y de inmigración irregular es muy alta. Opina que los ayuntamientos no son competentes para comprobar visados o la regularización de los permisos, lo que corresponde al Estado. “Estamos obligados a empadronarlos y cuando los técnicos de Servicios Sociales tienen que hacer los informes de arraigo interviene el Ayuntamiento”, declara antes de añadir que “no detectamos mayores problemas ni administrativos ni de convivencia o inseguridad, aunque haya más paro”. El problema es la falta de financiación para los servicios sociales y de atención al inmigrante y la necesidad de reforzar los programas de adaptación e integración en centros escolares. Los ayuntamientos también cuentan con una partida para ayudas de emergencia y becas de comedor. Por otro lado, el padrón refleja la situación del inmigrante en un momento dado y ésta puede cambiar. “Ayer dicté una resolución por la que di de baja a 20 personas de una vivienda. Estas altas y bajas tienen que ver con su propia movilidad o se dan por iniciativa del propietario”, remarca. Subraya, además, que los servicios sociales se encuentran colapsados por la propia situación económica no por el fenómeno migratorio. “Somos la administración más cercana al ciudadano pero hay cuestiones que no podemos solucionar ni tampoco vigilar…. El otro día vino una mujer que le echaban de su vivienda y quería que interviniéramos pero no podemos…”, indica. Plantea también que algunos inmigrantes tienen dificultades para empadronarse porque necesitan que el propietario o arrendatario le firme un documento que confirme que efectivamente vive allí, razón por la que se llegan a registrar en un mismo piso más de 20 o 30 extranjeros, y “eso es algo no se puede controlar” desde un Ayuntamiento.

antonio gila, Ansoáin

“La inmigración no es la que desequilibra las arcas”

Antonio Gila (PSN), alcalde de Ansoáin, comparte que faltan recursos autonómicos “y estatales” para abordar el tema de la inmigración. “Si no se plantea un nuevo sistema de financiación los ayuntamientos estaremos fuera de control y la inmigración no es el factor que desestabiliza esta economía precaria porque la situación ya es grave”, abunda. “Desde el punto de vista legal y humanitario no se les pueden negar derechos básicos, y más ahora que están en el paro y no se les van a renovar permisos de residencia”.

xabier lasa, berriozar

“Vic ayuda a sembrar la semilla del racismo”

Xabier Lasa (NaBai), alcalde de Berriozar, sostiene que el caso de Vic tan sólo ayuda a sembrar la “semilla del racismo” y va “contra la convivencia social”. A su entender, los inmigrantes han supuesto mano de obra barata en época de bonanza económica y ahora que se tuerce, y que el paro los empuja a la irregularidad, “nos sobran”. Desde las administraciones hay que ofrecer una solución a todas las personas sin recursos en general sean o no inmigrantes. “No existen inmigrantes ilegales sino personas y si detectamos un problema de empadronamientos masivos y situaciones que pueden ser infrahumanas pedimos explicaciones pero la tónica general es positiva”, expone. Berriozar cuenta con asociaciones de senegaleses, nigerianos, nicaragüenses, saharauis, e inmigrantes en general que participan de la vida cultural y social, al igual que se ha creado un Foro Intercultural.

Juan Jesús Basarte, peralta

“La ley debería ser más estricta en lo referente al padrón”

El alcalde de Peralta, Juan Jesús Basarte (UPEI), constata que, aunque en su municipio cerca del 70% de los inmigrantes está en desempleo, los inconvenientes que puedan generar no son diferentes a los de cualquier otro ciudadano. “Tal vez se ha notado más en los servicios sociales”, admite Basarte, que constata un aumento de la demanda que atribuye a la crisis económica. “Además, con la nueva cartera de servicios ha aumentado el número de población que recurre a estos recursos, pero no están saturados”, añade. El alcalde peraltés, sin embargo, considera que la legislación actual “no es clara”, y que considera que la ley “debería ser más estricta”. “Estamos empadronando a inmigrantes en una casa en ruinas, o en viviendas que sabemos que están deshabitadas. Tiene que haber un mínimo de condiciones para poder censar. Hemos llegado a empadronar a 35 personas en una misma casa, y eso no puede ser. Pero luego viene el ministro y dice que hay que empadronar”, afirma Basarte, que considera que la inmigración es una cuestión “sensible”, y que se ha complicado más con la coyuntura económica. “El Gobierno decide las leyes, pero las aplicamos nosotros, que hacemos lo que podemos sin ayudas y sin dinero, y muchas veces sin las infraestructuras necesarias para atender a esa gente. Al final, en los municipios es donde se vive el día a día”, advierte.

Esteban Garijo, Milagro

“No saben qué ofrece cada administración”

El alcalde de Milagro, Esteban Garijo (UPN), considera que si los inmigrantes se están empadronando es porque les da derecho a la tarjeta sanitaria, y aunque prefiere no opinar sobre una polémica que no conoce mucho, ve necesario “un estudio serio” de la situación para que no se acaben haciendo “otras cosas”. “Todo el mundo acude al Ayuntamiento cuando tiene un problema, también la población inmigrante”, constata Garijo, que como ejemplo, recuerda cómo un inmigrante, con los lógicos problemas idiomáticos, recurrió al Consistorio para que le ayudara a pagar la cuota del piso porque no tenía dinero. “Muchos no saben bien qué ofrece cada administración”, afirma.

Luis Casado, tudela

“El Estado ha recortado la ayuda para la inmigración”

“La inmigración no está generando ningún problema específico”, subraya el alcalde de Tudela, Luis Casado (UPN), que recuerda que los inmigrantes (16%), “tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos”. “Puede que la situación esté algo desbordada, pero es consecuencia de la crisis, no de la inmigración”, apunta el primer edil, que no considera que los inmigrantes que acuden a los servicios sociales proporcionalmente sea mayor que la del resto de ciudadanos. “Acuden todos los ciudadanos con problemas económicos y sociales, pero no es un problema de inmigración” y recuerda que la ley reconoce el derecho al padrón de todos los ciudadanos, por lo que “no tiene sentido plantearse otra cosa”. Sin embargo, cree que los ayuntamientos son “el hermano pobre” de la Administración, y critica que el Estado haya reducido “en un 50%” la ayuda de algo más de un millón que concedía hasta ahora a los municipios navarros para gestionar la inmigración. “Los mismos que dicen que los inmigrantes son los más perjudicados por la crisis nos reducen la ayuda a la mitad”, insiste Casado, que hecha en falta “mayor claridad” sobre cuáles son las competencias municipales y sobre su financiación. “Estamos al albur de lo que nos dan, pero si van mal las cosas, nos lo quitan. Y es un servicio que hay que seguir dando”.