Cuatro asociaciones de inmigrantes emitieron ayer un comunicado en el que afirman que están dispuestas a acudir al Tribunal Constitucional.

Cuatro asociaciones de inmigrantes emitieron ayer un comunicado en el que afirman que están dispuestas a acudir al Tribunal Constitucional.

En plena polémica por la decisión del Ayuntamiento de Vich de no empadronar a los «sin papeles», la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez – Camacho, anunció que la inmigración será un «eje prioritario» de su campaña de las próximas elecciones autonómicas. «Queremos afrontar este tema sin complejos», dijo, y añadió que no se puede permitir que el padrón sea «la entrada por detrás de la inmigración ilegal». Asimismo, aseguró que los que ha sucedido en Vich es solo «la punta del iceberg» de un situación que debe clarificar la forma en que la Administración local facilita las prestaciones sociales.

Por su parte, cuatro asociaciones de inmigrantes emitieron ayer un comunicado en el que afirman que están dispuestas a acudir al Tribunal Constitucional si el Ayuntamiento de Vich decide finalmente negar la posibilidad de empadronarse a los inmigrantes sin papeles.

Los colectivos Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari – Perú denuncian la «irresponsable manipulación» de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que suponen las medidas que pretende aplicar el Consistorio barcelonés y las que ya se utilizan en el madrileño de Torrejón de Ardoz, realizadas «con fines electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas».

Asimismo, las consideran una «vulneración de derechos humanos» y una «flagrante violación de los derechos constitucionales».

Además, anuncian que estarán vigilantes para que este «intento de lepenización de la sociedad española» por parte de algunos dirigentes políticos no se traduzca en la puesta en práctica de medidas discriminatorias de las personas por su origen, raza o nacionalidad.

Por su parte, la Generalitat garantizó ayer que la ley es clara y obliga a los ayuntamientos a empadronar a los ciudadanos extracomunitarios aunque no tengan el visado en regla, por lo que se encargará de que se cumpla.

Advertencia del Gobierno

Desde el Gobierno se lanzaba el mismo mensaje y tanto Manuel Chaves como Alfredo Pérez Rubalcaba incidían en que lo que pretende Vich es «manifiestamente ilegal», en palabras del vicepresidente tercero del Gobierno, pues todos los inmigrantes tienen derecho a empadronarse en los municipios. El titular de Interior aseguró que hay partidos que alimentan la xenofobia, que «a veces generan brechas en partidos que no la alimentan» y confió en el buen sentido del alcalde de Vich para que dé marcha atrás.

Mientras tanto, el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, hacía unas declaraciones contundentes, que marcaban distancias con la aparente ambigüedad que ha mostrado el PP, y tachaba de «xenófobo» al Ayuntamiento de Vich y defendía los efectos «enormemente positivos» de la inmigración.

Para la secretaria general del principal partido de la oposición, María Dolores de Cospedal, el «problema» en Vich «son los vaivenes del Partido Socialista en materia de política de inmigración». Señaló que «el problema es que el mismo partido que dijo en su día papeles para todos» ahora dice «que no se debe empadronar a aquellas personas que vivan en el municipio» y que no estén de forma regular, «porque no interesa».

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, defendió la actuación del Consistorio de Torrejón de Ardoz. Para su vicepresidente primero, Ignacio González, «Torrejón de Ardoz nada tiene que ver con Vich».