Alicia Sánchez – Camacho convierte la inmigración en eje de su campaña en Cataluña Madrid

Hace poco más de un mes, el PP se planteó la posibilidad de incluir entre sus enmiendas a la Ley de Extranjería una propuesta para obligar a los ayuntamientos a denunciar ante la Policía a los inmigrantes ilegales registrados en sus respectivos padrones. Se trataría con ello de favorecer el cumplimiento de uno de los preceptos de la Ley del que nadie habla: la expulsión de los sin papeles del territorio nacional.

La idea, sin embargo, no llegó a registrarse. La política de inmigración del PP, hace unos meses, se inclinaba por mantener el ‘padrón para todos’, instaurado en España desde 1999, y en reclamar otras muchas reformas de la propia Ley de Extranjería, principalmente enfocadas al control de fronteras, la creación de visados temporales de búsqueda de trabajo y la supresión de la actual equiparación entre legales e ilegales.

Claro que algo ha cambiado en el seno del PP desde el cerrojazo de Vic al padrón y la propuesta hecha pública por Rajoy – el sábado pasado, en Palma – de revisar y endurecer la Ley. Hoy mismo, Génova ha convocado una reunión de expertos para hacer una reflexión política de conjunto, y el Grupo Parlamentario Popular va a hacer lo propio en el Congreso para preparar la sesión de la Diputación Permanente del miércoles, en la que pedirá explicaciones al ministro Celestino Corbacho.

A estas alturas del debate público, el PP ha logrado transmitir su clara oposición a la decisión de Vic y su exigencia del cumplimiento de la Ley respecto del padrón. Lo que no ha alcanzado es un discurso unívoco y definitivo sobre el contenido de su reclamada reforma.

Por un lado, las noticias sobre las restricciones impuestas dos años atrás al padrón por el alcalde popular del madrileño Torrejón de Ardoz, han dividido la opinión en el seno del propio partido.

Por otro lado, desde el sábado pasado, la candidata del PP a las elecciones catalanas, Alicia Sánchez – Camacho, no ha parado de hacer declaraciones recelosas hacia el actual padrón para todos.

Pese a poner mucho cuidado en no entrar en fricción con el PP nacional, y en ceñirse al mensaje de Rajoy de que sólo hay que abrir un debate, la presidenta regional ha insistido estos días en que el padrón «no puede ser la puerta de la inmigración ilegal»; o, como dijo ayer, «no puede ser una vía para legalizar situaciones de irregularidad».

Lo dijo, no por casualidad, en la presentación de su precampaña, que el propio Rajoy refrendará el próximo viernes con su visita a Barcelona. Sánchez – Camacho comunicó ayer que la inmigración será «un eje prioritario» de su campaña electoral y que hablará «sin complejos» sobre este asunto, según informa Efe. A preguntas de los periodistas, se remitió a la reunión de hoy en Madrid para postergar el contenido de la pretendida reforma popular.

Entretanto Génova o el Grupo conciertan una postura, las fuentes recabadas en el PP abordan el asunto desde las perspectivas más dispares: desde los que abogan por una «rectificación» política en toda regla, que conduzca a no empadronar a los inmigrantes que no coticen a la Seguridad Social, hasta quienes defienden el padrón para todos como una eficaz fórmula de registro para los Gobiernos estatal y autonómicos.

De momento, la posición más ortodoxa en el seno del PP es la que viene defendiendo el portavoz del Grupo de Inmigración, Rafael Hernando, quien afirma que «el problema no es el padrón sino la ley», y que no es el PP el que quiere modificarlo, sino el propio Gobierno socialista, según se desprende de las pasadas intervenciones en el Congreso de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Hernando niega la comparación entre los casos de Vic y de Torrejón: «Se pueden endurecer los requisitos para el padrón, como hizo Torrejón contra los pisos patera, [al exigir a extranjeros y nacionales una superficie mínima de habitabilidad] pero no se puede negar el padrón a los sin papeles, como ha hecho Vic». «Garantizar que no haya fraude o turismo sanitario es algo que entra en las competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y es compatible con la obligación legal de empadronar a todos», añade.