No es el de Vic un problema con fácil solución. Lo peor es que degenere en situaciones de racismo. Pero hay cierta lógica en decir que no pueden ser empadronados quienes carecen de documentación. Algo que debería solventar el Estado. Es decir, tiene que ser el Gobierno central quien legisle e intervenga para determinar si quienes no están legalizados puedan estar aquí, y no dejar la patata en manos de los Ayuntamientos. Porque los municipios se ven en la obligación de censar a quienes carecen de papeles, y eso no deja de ser una anomalía.
¿Es mejor no empadronarlos?. Lo mejor sería regular la situación bien con un censo de ilegales, bien legalizando lo que hoy es ilegal, bien expulsando de España a quienes carecen de papeles. Pero algo hay que hacer. Lo más lógico parece ser que se pudiera establecer un registro intermedio que no generara derechos futuros pero garantizase la asistencia social necesaria a los inmigrantes mientras estén entre nosotros, aunque sea de forma no legalmente acreditada. Pero cruzarse de brazos y limitarse a cargar contra los ayuntamientos por tomar medidas a su antojo no parece una solución sensata. Sólo contribuye a hacer el problema más grande y a enfrentar a unas administraciones con otras.
Por lo demás, tiene razón el PP al argumentar que es problema suficiente como para convocar la Diputación Permanente del Congreso. Para casos como éste no debe haber vacaciones.