La negativa consistorial de Vic de empadronar a “sin papeles” no es un asunto local y denuncia la incoherencia de la política inmigratoria, cuyos bandazos van del “Papeles para todos” a este “no”
E L ayuntamiento de VIC, cuya mayoría consistorial ejercen CiU, PSC y ERC, ha decidido negarse a empadronar a inmigrantes sin papeles, acuerdo que ha reabierto una polémica sobre la inmigración que parecía dormida. Si, en lugar de estos tres partidos, hubiera sido una corporación “popular” quien tomara tal iniciativa, habrían llovido a espuertas acusaciones de xenofobia y racismo; con socialistas e independentistas, la cosa cambia. El argumento – – según el alcalde, para “poner orden” – es que la ley exige a todo extranjero que entra en España el pasaporte que acredite su identidad y, por tanto, puede exigírsele la documentación. Pero tanto la Ley de Extranjería como la de Bases de Régimen Local dicen claramente que se debe inscribir en el padrón a los extranjeros con domicilio habitual en el municipio, sin especificar en ningún caso su situación administrativa. Estos días se ha llegado a oír el argumento de que empadronar a alguien del que se ignoran el nombre, la edad y el lugar de nacimiento es como blanquear dinero. Pues no. Una persona, aun sin el menor papel, tiene derechos.

Lo que el asunto parece esconder en el fondo es que Vic, donde la población extranjera supera ya el 14%, tiene un partido abiertamente xenófobo, Plataforma per Catalunya, que engorda a diario y el alcalde y su mayoría tienen muy en cuenta. De ahí que intenten pescar donde los adversarios han hallado un caladero innegable.

Ahora bien, no tiene sentido negar que la decisión de impedir el empadronamiento a los ilegales señala un tema no resuelto y desnuda la incoherencia política en materia de inmigración, con evidente “efecto llamada”. En tiempos de prosperidad cundió el “Papeles para todos” voceado por líderes socialistas e incluso corrió la doctrina de que aún deberíamos recibir millones de emigrantes anuales para mantener el Estado de bienestar El Estado asumía los costes sociales de quienes trabajaban y no siempre cotizaban. Ahora, las vacas flacas acaso enseñen al menos que los derechos comportan deberes. Trabajo cifra en el 20% la economía sumergida, pero nadie pregunta cuántos ilegales encuentran todavía empleo, pese a la ley.