Los ‘sin papeles’ acuden al Ayuntamiento para preguntar cómo les afectará la medida Vic (Barcelona)

Papadou es un joven senegalés que lleva más de tres años en Vic. Deambula por las calles sin permiso de trabajo y es de los que se une a la cola junto a otros indocumentados para coger una bolsa de comida. «Hago de todo para conseguir los papeles, pero lo ponen difícil; hay otros que llegaron hace 10 años, no han aprendido ni una palabra y se los dieron», se queja Papadou en un catalán notable.

A Papadou lo echaron hace un año de unos grandes almacenes y no ha vuelto a encontrar trabajo. Aunque el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, garantiza que no se perseguirá a los irregulares inscritos en el municipio, le preocupa que la propuesta del Ayuntamiento de negar el empadronamiento a los sin papeles le condene a ser expulsado. «Eso son cosas de racistas», suelta Papadou, que debe renovar el volante en los próximos meses. «Sólo Dios sabe lo que pasará», se encomienda el senegalés, que no se plantea deshacer el camino que le trajo a Europa: «Regresar sin nada sería un problema».

El acuerdo del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) bendecido por la xenófoba Plataforma per Catalunya no ha pasado desapercibido a los sin papeles de Vic. Los funcionarios de la oficina del padrón reconocen que han atendido muchas consultas en los últimos días. Alertados por si el Consistorio les impedirá acudir a los servicios sociales, los inmigrantes también han preguntado a las asociaciones que les asesoran para tramitar los permisos.

A Mohamadi Bouziane le conocen buena parte de los indocumentados de Vic, que le paran por la calle para inquirirle sobre el enésimo papeleo que les reclaman. «Muchas veces les pregunto qué ha sido de alguno que no viene a verme, y me explican que se marchó a buscar trabajo a otro lado», narra Bouziane, que preside la asociación AMIC, vinculada a UGT. El marroquí calcula que el 70% de sus compatriotas que trabajaban en la construcción se ha quedado sin empleo.

Para Bouziane, el Ayuntamiento perderá la confianza de las entidades si no retira la propuesta: «Todo lo que ha logrado construir durante muchos años lo ha destruido con una sola decisión». También censura a los concejales de CiU y ERC, que llamaron a los extranjeros a participar en la consulta soberanista de diciembre: «Les decían que fueran a votar, que no hacían falta los papeles, y ahora los quieren echar. Es un contrasentido».

Mohammed Abbas también espera que le regularicen el visado. Llegó a Vic desde Ghana hace dos años y el jueves le cortaron la luz en el piso que comparte con otros cuatro subsaharianos, desempleados y sin permiso de residencia. Muestra un recibo de 95 euros que piensa pagar con los ahorros. «No sabemos qué ocurrirá», acierta a responder cuando se le pregunta sobre la polémica que ha sacudido la población barcelonesa.

«En tiempos de crisis nos quitamos las máscaras», opina la escritora Najat el Hachmi, vicense ilustre de raíces magrebíes y narradora en catalán de éxito, a la que el debate abierto en la ciudad le toca de cerca. Entre asalto y asalto de sus lectores en plena plaza Mayor, la autora sostiene que se está imponiendo uno de los «dos Vic», el del ultra Josep Anglada, a pesar de que alega que «la convivencia es mejor de lo que se cree» en la capital de Osona. «No entiendo lo del padrón, porque un Ayuntamiento tiene que saber quién vive en la ciudad y esto hará más invisibles a los inmigrantes», añade.

La crisis se ha cebado con los extranjeros en Vic, donde en los dos últimos años se calcula que se ha marchado más de un millar. En barrios como El Remei, donde cerca de la mitad de los vecinos son foráneos, es fácil cruzarse con grupos de africanos que conversan en las plazas al mediodía y de madres cubiertas con el velo que cargan con sus pequeños. La Policía Local mantiene a raya el control de quién habita en las viviendas: en los últimos días, el Consistorio ha abierto expediente contra una treintena de inmigrantes tras no hallarlos en los pisos en los que se registraron, la mayoría de ellos en El Remei.

«En seis meses han vuelto a Ecuador 12 personas, algo impensable hasta hace poco», afirma Carlos Ordóñez, el representante de los 1.200 ecuatorianos que residen en Vic, un polo de atracción de trabajadores desde los años 80 por las numerosas empresas cárnicas de las afueras. Ordóñez relata auténticos abusos que se cometían en las fábricas en los tiempos de bonanza. Comenta que en su asociación estudian casos similares de dos compatriotas en situación irregular – «están empleadas en domicilios y sólo les conceden dos horas de descanso a la semana», explica – y que están «pendientes» de saber cómo acabará el reto que ha sublevado a Vic contra las leyes. «Hasta ahora apenas se ha producido, pero si aprueban la norma puede desatarse un problema social», avisa Ordóñez.

Las asociaciones de inmigrantes, en contra

>El debate suscitado en Vic ha movilizado a las asociaciones de inmigrantes. En los últimos días, las entidades del municipio barcelonés han recibido los apoyos de sus homólogas de toda España, contrarias a la reforma.

>Aunque no descartan convocar movilizaciones si no se retira la propuesta, los colectivos críticos con el acuerdo formarán una comisión con el Consistorio para compartir información sobre la medida. Mañana se dará a conocer el dictamen encargado al bufete de Miquel Roca para saber si la medida está fuera de la ley.