La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo movilizará a la Abogacía del Estado si, finalmente, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Vich se niega a empadronar a los inmigrantes sin papeles, tal y como ha anunciado.

Según explicó Fernández de la Vega, el Gobierno considera que esta «iniciativa es contraria a la ley que regula las bases del régimen local y también a la Ley de Extranjería».?La número dos del Ejecutivo recordó que la decisión del consistorio vicense «no tiene cabida en el ordenamiento legal». Además, aseguró que la sociedad española tiene «muy claros sus valores» y que responderá con una «sola voz» ante cualquier amago de recortar los derechos a los extranjeros.

Reflexión

Fernández de la Vega reclamó a Vich y al otro ayuntamiento que ha planteado excluir del padrón a los sin papeles , el consistorio de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, una reflexión porque quizás no «sean conscientes de la respuesta social que ha generado su propuesta» y hayan olvidado que la «ley es muy clara al respecto».

También el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, mostró su rechazo a la postura de los responsables políticos de Vich y explicó que la posición del Ayuntamiento es un «toque de atención» sobre lo «mucho que hay que hacer para la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas, no solo en España».

El portavoz de Extranjería del PP en el Congreso, Rafael Hernández, atribuyó la iniciativa de Vich a que «hay un grupo muy importante de inmigrantes que no tendrían que estar» en España. El coordinador de Política Autonómica y Local de la formación, Juan Manuel Moreno, aseguró que el PP en ningún caso se negará al empadronamiento porque sería incumplir la ley.