El Gobierno descarta una reforma legal porque cree que las normas son ya «muy claras» Madrid

El Gobierno lanzó ayer una advertencia de grueso trazo al Ayuntamiento de Vic y a cualquier otra Corporación local que pretenda seguir su ejemplo e intente negarse a empadronar a los inmigrantes aunque se encuentren en situación irregular. «Si se concreta el caso de Vic», aseguró tajante la vicepresidenta primera, «intervendrán los servicios jurídicos del Estado».

No precisó cuál será el cauce legal, ni qué tipo de sanción implicaría, porque adelantarse a los hechos supondría adentrarse en la «política de ciencia ficción», pero el aviso fue por delante.

En cualquier caso, en el Ejecutivo no creen que, al final, las intenciones del Ayuntamiento de la localidad catalana se pongan en práctica. De la Vega es de la opinión de que la Corporación local de Vic, así como la de otros ayuntamientos, como el de Torrejón, en Madrid, [en este caso se propuso negar la inscripción en el registro a los extranjeros que dispongan de pasaporte con visado de turista], reflexionarán y reconsiderarán sus planes a la vista de la «respuesta social» que ha generado su propuesta.

Sin embargo, a la espera de que los acontecimientos se concreten, lo que el Ejecutivo descarta, al menos hasta la fecha, es emprender alguna reforma que evite cualquier vacío legal o espacio de sombras en el asunto.

El Gobierno, tal y como afirmó ayer la vicepresidenta, cree que la redacción actual de la Ley de Bases de Régimen Local es «muy clara» y no necesita de ninguna modificación.

Es más, la número dos del Gobierno insiste en que no existe contradicción o choque alguno entre esta norma y la Ley de Extranjería, pese a que esta última, que es precisamente a la que intentan acogerse los partidos que han respaldado en el Ayuntamiento de Vic la idea de impedir el empadronamiento a los sin papeles, establece que la inmigración irregular es objeto de expulsión.

De la Vega recalcó al término del Consejo de Ministros que los planes del Ayuntamiento del Vic «no tienen cabida en el ordenamiento legal». A ello añadió, además, que los mismos «no responden a los principios de la sociedad española que tiene», dijo, «muy clara su escala de valores y ante cualquier atisbo o intento de exclusión social y recorte de las libertades, siempre se une en una sola voz».

Por su parte, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, señaló que lo ocurrido en Vic «es un toque de atención», sobre lo «mucho» que hay que hacer «para la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas». En este sentido, apuntó que durante la presidencia española de la UE, uno de los temas será analizar «cómo se aplica en todos los países europeos el pacto de inmigración».

Los jueces, también en contra

> La asociación Jueces para la Democracia afirmó ayer que la normativa de Vic «limitará» el acceso de los ‘sin papeles’ «a los servicios públicos esenciales como la sanidad o la atención social»

> Advirtió de que dificultará la posible regularización de los inmigrantes , «dada la trascendencia que el empadronamiento tiene en orden a acreditar arraigo y a ponderar la suspensión cautelar de las órdenes de expulsión».