FIDEL MASREAL
BARCELONA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón terció ayer de forma contundente en la controversia generada por los planes del Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles. Para el magistrado, esta medida «más bien huele a xenofobia que a otra cosa». Garzón recordó que el empadronamiento es absolutamente «necesario y humanitario».
Pero Vic no solo se enfrenta a opiniones como la de Garzón y a rechazos como el de la Generalitat y el del Gobierno, sino que además podría recibir una condena penal si aplica su intención. Así lo advirtió ayer el máximo órgano de los abogados del Estado, el Consejo General de la Abogacía. El presidente de la subcomisión de extranjería de este organismo, Pascual Aguelo, explicó que, dado que se ha advertido reiteradamente al equipo de gobierno municipal que sus planes vulneran la ley, si persiste en ellos «podría incurrir en el delito de prevaricación administrativa», regulado en el artículo 404 del Código Penal con penas de inhabilitación de siete a diez años para empleo o cargo público.
Aguelo recuerda que el ayuntamiento no puede «situarse al margen de la ley y si lo hace estaría vulnerando derechos fundamentales». Para sustentar sus afirmaciones, el Consejo de la Abogacía emitió ayer un exhaustivo informe en el que afirma que «ninguna norma» relativa al empadronamiento «exige al extranjero probar que su residencia en España es regular».
En el frente jurídico, dos destacadas asociaciones de magistrados –Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria– se sumaron al coro de voces que constatan que las limitaciones de derechos de los inmigrantes sin papeles son manifiestamente ilegales.
En el combate político, ayer el tripartito confirmó que los criterios sobre empadronamiento pactados recientemente con las entidades municipalistas se convertirán en acuerdo oficial del Govern. Entre estos criterios no está en ningún caso la exigencia de la documentación de extranjería a los inmigrantes . Además, el Govern tiene previsto reunir en las próximas semanas a los consejos comarcales, diputaciones y los principales ayuntamientos catalanes para reafirmar sus tesis contrarias a los planes de Vic en relación a los sin papeles.