La mesa de ciudadanía e inmigración de la Generalitat, en la que están representados todos los municipios de Catalunya, acordó el pasado 26 de octubre un documento sobre criterios de empadronamiento que afirma textualmente: «Poner trabas al empadronamiento de vecinos y vecinas es inhibirlos de asumir sus obligaciones y derechos. Les obstaculiza el acceso a derechos universales fundamentales, como la salud y la educación».

El texto explicita que la inscripción en el padrón es independiente de la autorización de residencia regular y se limita a reflejar «la residencia efectiva en un municipio».

En el capítulo de recomendaciones, el escrito detalla que la única documentación exigible para inscribir a un ciudadano en el padrón es cualquier documento acreditativo de la identidad, independientemente de la autorización de residencia, y el lugar donde vive, a través de cualquier documento que corrobore el domicilio.

Según este informe, pedir otros documentos, como la cédula de habitabilidad, «va en detrimento de los objetivos del padrón».