FIDEL MASREAL
BARCELONA

El Gobierno y la Generalitat trabajan ya en una respuesta política, jurídica y legal que pare los pies a las intenciones de Vic de no empadronar a los inmigrantes sin papeles. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, confirmó ayer que la abogacía del Estado analiza los argumentos del ayuntamiento de la capital de Osona para tomar las «medidas legales pertinentes» si se constata que incumplen la ley que regula los empadronamientos.
Por su parte, el tripartito estudia elevar a acuerdo formal del Govern los criterios sobre empadronamiento pactados recientemente con todos los municipios catalanes, entre los que no está el de exigir el permiso de trabajo o residencia al extranjero. Estos criterios se basan en el Pacte Nacional per a la Inmigració, que exige facilitar a los inmigrantes su registro en el padrón, para garantirzar que accedan a servicios básicos como la sanidad y la educación.

GRUPO DE TRABAJO / Además, y para reforzar la respuesta política frente a Vic, el Govern planea reunir el grupo de trabajo sobre inmigración, en el que, entre otros, están representados todos los ayuntamientos catalanes a través de las dos asociaciones municipalistas, la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya.
Entre las actuaciones de la Generalitat no figura la de elaborar ningún decreto o norma legal respecto al padrón, porque se trata de una cuestión en la que es el Estado el que tiene todas las competencias.
Precisamente amparándose en estas competencias, el ministro de Justicia advirtió ayer a los responsables del gobierno local de Vic que deben respetar la legalidad y «los derechos vinculados a la dignidad de las personas».
La abogacía del Estado podrá bucear a fondo en la falta de respeto a la legalidad del ayuntamiento de la capital de Osona si analiza el informe en el que este justifica su polémica decisión. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, contiene contradicciones internas y se basa en una norma, la ley de extranjería, que, según han recordado reiteradamente estos días la Generalitat, el Gobierno y destacados juristas, nada tiene que ver con el acceso al padrón municipal.

EL VISADO DE LA DISCORDIA / El texto, de seis páginas y redactado por el secretario del consistorio con fecha 11 de enero, afirma que para empadronar a los inmigrantes es necesario exigir el pasaporte y «de forma imperativa» un visado, excepto cuando dispongan de tarjeta de identidad de extranjero. Pero al mismo tiempo, el documento acaba admitiendo que la ley que regula el empadronamiento, la ley de bases de régimen local, solo obliga a presentar el pasaporte, tal como establece el artículo 16 de esta norma. Asimismo reconoce que el artículo 6 de la ley de extranjería emite una orden clara a los ayuntamientos: «Incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos».
Es más, el escrito mutila una frase decisiva de la ley de bases de régimen local que deja claro que los inmigrantes podrán empadronarse exhibiendo el pasaporte «al no ser titulares» de un número de identificación legal. Es decir, que un inmigrante sin documentación de extranjería tiene derecho también a ser empadronado legalmente en el municipio.
Sin embargo, el secretario del ayuntamiento concluye insistiendo que no exigir toda la documentación sería «un grave perjuicio» para los que sí disponen de ella.