PERE PRATDESABA
VIC

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, formado por CiU, ERC y PSC, hizo ayer en el pleno municipal una cerrada defensa de su polémica decisión de no empadronar a los inmigrantes sin papeles. Los portavoces de los tres partidos, uno por uno, reafirmaron su confianza en los servicios jurídicos de la corporación, que avalan la medida. Para certificar su legalidad, el alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), incluso anunció que se encargará un segundo informe jurídico externo. El gobierno municipal solo dejó una puerta abierta a la marcha atrás al comprometerse a que si alguna instancia administrativa de rango superior demuestra la ilegalidad de la nueva norma, esta será retirada.
En la línea de los últimos días, el equipo de gobierno escenificó su unidad y no se amedrentó ante los numerosos medios de comunicación de toda España. El tripartito municipal desestimó debatir el tema abiertamente y no aprobó la urgencia de dos mociones de Plataforma
per Catalunya (PxC) e ICV-EUiA, instando a ambas fuerzas a presentarlas de nuevo en el pleno del 3 de febrero. En el caso de los ecosocialistas, la urgencia de la moción no llegó ni a votarse, ya que fue retirada tras pactar concesiones con el propio alcalde.
Vila d’Abadal se comprometió a poner en cuarentena los nuevos criterios del padrón, que se empezarán a aplicar el 4 de febrero. Durante estas tres semanas, el equipo de gobierno abrirá un debate social con las entidades locales y político con la oposición (ICV-EUiA, CUP y PxC), a la que se hará llegar toda la documentación sobre el tema.

PEQUEÑO MARGEN / «Es una pequeña victoria. Al menos tenemos tres semanas de margen», declaró Xavier Tornafoch (ICV-EUiA). Aun así, el portavoz ecosocialista advirtió de que su grupo no descarta tomar medidas legales si en el futuro se aplica la medida. Más crítica fue la representante de la Candidatura d’Unitat Popular, Laia Jurado: «Ha habido
falta de comunicación. Ahora, en tres semanas es imposible llegar a un acuerdo».
El frustrado debate tuvo una inesperada resurrección en el turno de preguntas de la sesión, en el que todas las formaciones, incluidas las del tripartito municipal, fijaron su posición ante la polémica en extensas intervenciones. Los integrantes del equipo de gobierno coincidieron en que retirarán la medida si se demuestra su ilegalidad, pero subrayaron la necesidad de dar un paso al frente para solucionar los problemas que se generan en el padrón. Xavier Solà (CiU) hizo un amago de trasladar el debate del ámbito legal al político: «Olvidémonos de lo que es políticamente correcto y abordemos los temas que de verdad importan al ciudadano. Es preciso un debate abierto y sereno sobre la inmigración». Todos recordaron el trabajo realizado en la ciudad en este ámbito, plasmado en la nueva Oficina de Acogida, los espacios de bienvenida educativa, el servicio de mediación y las concurridas clases de catalán.
Jurado admitió la dificultad de la gestión de la inmigración y la preo-cupación ciudadana, pero rechazó el camino del consistorio. «No se pueden tomar medidas electoralistas sin ética, que infringen los derechos humanos». Josep Anglada (PxC), exultante, exhibió su discurso xenófobo: «Los inmigrantes ilegales no aportan nada: solo delincuencia, economía sumergida y más demanda de ayudas sociales».